La relación entre EE.UU. y P.R.–fragmentos del Discurso del Juez Juan R. Torruella en John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, el 24 de abril de 2016.

por Samuel Caraballo

Incluyo algunos comentarios directos del discurso, que consta de 24 páginas (7,500 palabras) para aquellos lectores interesados en el tema.  Lo ideal sería leer todo el discurso y considerar la tesis principal del autor–“los problemas sociales y económicos que vive Puerto Rico en la actualidad se debe a su relación colonial con los Estados Unidos.”  Aunque declarar esto es como descubrir a América en pleno siglo XXI, escucharlo de un Juez Federal, que sirve y valida al colonizador, es quizas lo más notable.  Así que te invito a leer cada párrafo, con los énfasis hechos por mí, ya sea subrayados o en negritas, para tener un cuadro claro del por qué la propuesta  de una Junta de Supervisión fiscal  para dirigir el país.   Como siempre…Muchas bendiciones.

El estatus de Puerto Rico no ha cambiado ni un poquito en todo este tiempo, como tampoco el estatus de sus ciudadanos. Apenas cinco años después de que a los puertorriqueños se les otorgara la ciudadanía estadounidense en 1917, la Corte Suprema decretó –de manera bastante increíble– en Balzac v. Porto Rico, que lo único que significaba la concesión de la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños era que ellos se podían mudar a EE.UU. continental y allí ejercer sus derechos en pleno como ciudadanos, pero que no disfrutarían de la plenitud de sus derechos como ciudadanos de EE.UU. mientras residieran en Puerto Rico.

Ya que mi tiempo es limitado y ya que quisiera exponer ante este foro los hechos que demuestran, más allá de toda duda razonable, cómo se ha abusado de Puerto Rico al clásico estilo colonial, y cómo esto nos ha llevado a nuestra lamentable situación actual, permítanme presentarles la definición del término “colonia”, tomada del Diccionario de Ciencias Sociales de la Unesco. El término “colonia” allí se define como “un territorio, subordinado de varias maneras –política, cultural o económica– a un país más desarrollado [en el cual] el poder legislativo supremo y gran parte de la administración recae en el país dominante, que usualmente [es] de un grupo étnico distinto al de la colonia”. Uno tendría que sufrir de una disfunción grave en todo el sentido de la palabra para concluir que esta definición no le cae como anillo al dedo al aplicarse a la relación entre EE.UU. y P.R. 

A ello le siguió una consulta apresurada a las Naciones Unidas de parte de los Estados Unidos, para buscar una dispensación para Puerto Rico de parte de la ONU que reportara los requisitos impuestos a aquellos países que tienen territorios que no son autónomos. Esto se logró mediante muchas trampas y forcejeos de parte de los representantes de los Estados Unidos junto a algunos líderes políticos puertorriqueños, un logro que algunos describieron, muy correctamente en mi opinión, como un“engaño monumental“.  Pues, aunque estas acciones resultaron en la expulsión de Puerto Rico de la lista de colonias de la ONU, L.P. 600 fue, en el mejor de los casos, una medida estética. Los ciudadanos de Puerto Rico continuamos en desventaja nacionalmente, incapaces de votar por el Presidente o el Vicepresidente, de ser representados en el Congreso por representantes y senadores con voto, y sin tener voz ni voto en cuanto a las leyes que nos aplican.

La desigualdad discriminatoria en subsidios cuando comparamos a los ciudadanos americanos en Puerto Rico con sus contrapartes en el continente es una larga tradición y, desafortunadamente, es autorizada por ley. La Corte Suprema ha justificado el trato discriminante del Congreso en contra de los residentes estadounidenses en Puerto Rico en dos casos –Harris v. Rosario– concluyendo que “mejores beneficios podrían interrumpir gravemente la economía puertorriqueña”. Esta fue una conclusión que el juez Marshall lógicamente rechazó, pues lo interpretó como una aseveración similar a que el Congreso tenía la intención de ayudar a los más pobres menos y mantener a Puerto Rico en desventaja.

Tal y como se explicó anteriormente, en la actualidad e históricamente el problema básico y fundamental de la economía puertorriqueña siempre ha sido que esta es una economía que genera una cantidad significativa de riquezas, pero que se queda con muy poca, una circunstancia típicamente colonialista. Las industrias principales de Puerto rico –químicas, farmacéuticas, electrónicas y de manufactura de equipo científico– son todas dominadas e impulsadas por compañías multinacionales basadas en los EE.UU., cuyas ganancias netas de sus operaciones en Puerto Rico superaron los $14,000 millones solo en 1995. Es la misma historia cuando se habla de turismo, la segunda industria más grande en la Isla, la cual emplea al nueve por ciento de su fuerza laboral, con casi todos los hoteles pertenecientes o controlados por capital en los Estados Unidos. En conjunto, casi cuatro de cada diez dólares generados por trabajadores puertorriqueños terminan en las arcas de una firma estadounidense. 

Ha sido a propósito que no he discutido la contribución de la clase política de Puerto Rico al fiasco en que la Isla actualmente se encuentra, pues aunque indudablemente se lleva algo de la culpa porque, primero que todo, dicha incursión significaría una discusión sin algún final previsible o resultado productivo, y segundo porque al final, si es que en algún punto hallamos un final, todo lo que encontraríamos sería que la causa subyacente y principal de los problemas de Puerto Rico es su propia condición colonial. Aunque las entidades políticas de Puerto Rico han inevitablemente desempeñado un papel, el de ellas no solo ha sido uno limitado y parroquial, sino que, aún más importante en mi opinión, no ha sido uno decisivo. Cualquier distracción de esa verdad fundamental, de que nuestra condición colonial es la causa principal del desastre al que nos enfrentamos ahora, resta valor a cualquier esfuerzo de encontrar una solución.

Y así les dejo con un último pensamiento: esperemos que el Congreso y otros en posiciones importantes tomen nota yconsideren las consecuencias potencialmente explosivas de esa la propuesta sobre la Junta de Control Fiscal que el Congreso le hace a Puerto Rico y a su población de ciudadanos estadounidenses que, incluso en el contexto de una relación de explotación como la de Estados Unidos hacia Puerto Rico, es completamente escandalosa.

Fuente: La relación entre EE.UU. y P.R.–fragmentos del Discurso del Juez Juan R. Torruella en John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, el 24 de abril de 2016.

Documento histórico: La verdad sencilla sobre el status político / por Luis Muñoz Marín el 4 de julio de 1948

Javier R. Almeyda-Loucil publicó en la Biblioteca Virtual de Puerto Rico:

“En la víspera de la discusión en el Tribunal Supremo de Estados Unidos de dos caso en los cuales tendrá que definir la verdadera relación de status de Puerto Rico, este discurso de Muñoz Marín previo al Estado Libre Asociado resulta revelador. Las aspiraciones, la realidad del momento o la venta de un sueño de gobierno propio que tal vez nunca se cristalizó aún en el 1952 esta plasmado en ese folleto.

Biblioteca Virtual de Puerto Rico

La verdad sencilla sobre el status político por Luis Muñoz Marín el 4 de julio de 1948

Digitalizado por Javier R. Almeyda-Loucil

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Ver documento en: http://issuu.com/coleccionpuertorriquena/docs/la-verdad-sencilla-1948?e=16656678/31847859

El Problema Colonial de Puerto Rico y La Asamblea Constitucional de Estatus

por Rolando Emmanuelli Jiménez, JD. LL.M

Editora: Naomi Jusino Girón, J.D.

El problema del colonizado es de tal gravedad que se afecta la psiquis individual y colectiva.

Albert Memmi en El Retrato del Colonizado nos dice: “El rechazo de sí y la estima por el otro son rasgos comunes a todo candidato a la asimilación. Y los dos componentes de este intento de liberación están fuertemente ligados: el amor por el colonizador está cimentado sobre un complejo de sentimientos que van desde la vergüenza hasta el odio hacia sí… Para liberarse, al menos así lo cree, admite su propia destrucción.”

Este es el ser o no ser que nos mantiene en parálisis esquizofrénica sumidos en profunda crisis social, política y económica. Mientras el problema del status nos divide y destruye, para gran conveniencia del poder norteamericano, no podemos discutir sosegadamente los asuntos de política pública que nos lleven por la vía del desarrollo sustentable y sostenido hacia la calidad de vida.

Después de la Constitución de 1952, se creó un falso paradigma de que la Ley 600 había corregido el problema colonial de Puerto Rico. Más de 60 años después ese paradigma se ha derrumbado y todos los sectores entienden en mayor o en menos grado, que Puerto Rico tiene un problema colonial.

Sin embargo, a estas alturas prevalece otro falso paradigma. Grandes sectores de los tres partidos políticos de Puerto Rico piensan que el problema colonial de Puerto Rico lo va a resolver el Congreso voluntariamente. Por eso acuden a vistas sobre el status de Puerto Rico y cabildean a favor y en contra de las diferentes propuestas que se presentan en el Congreso. Sin embargo, no llevan a cabo las acciones dentro de la sociedad necesarias para promover un verdadero cambio en la situación colonial.

La vieja creencia de que el Congreso resolverá sin más el centenario problema debe cambiar. Mientras el pueblo de Puerto Rico no se organice para iniciar el proceso de cambio de la relación colonial y acuda con una sola voz al Congreso, Estados Unidos no tomará acción sobre nuestro problema.

Existe el mecanismo jurídico para llevar a cabo ese cambio paradigmático de reclamar como una sola voz la solución del problema colonial. Ese mecanismo es la Asamblea Constitucional de Status.

La Asamblea Constitucional de Status es un mecanismo mediante el cual se convoca a elecciones para escoger a representantes del pueblo que se postulan a la luz de sus diferentes visiones sobre cómo debe resolverse el problema colonial de Puerto Rico. Estas visiones deben estar claras en el sentido de que cualquier solución de la situación colonial tiene que ser fuera de la cláusula territorial de la constitución federal que establece que el Congreso es dueño y señor de los destinos de la Isla. Por ende, no puede abogarse por soluciones que son de naturaleza colonial.

La Asamblea sesionaría el tiempo que fuera necesario para que se puedan aclarar los mitos y realidades de cada posible solución y que se pueda llegar a un consenso sobre qué es lo que se va a reclamar a Estados Unidos.   El reclamo puede ser sustantivo o procesal.

Por sustantivo, debe entenderse a que el reclamo puede incluir una solución específica a la situación colonial. En cuanto al reclamo procesal, se refiere a que la propuesta puede ser un mecanismo específico para solucionar el status que conduciría de manera justa a cualquiera de las soluciones viables.

La Asamblea Constitucional de Status debe estar compuesta por personas de conocimiento y experiencia en asuntos sociales, jurídicos, económicos y debe elegirse mediante verdadera representatividad donde exista espacio para los pensamientos mayoritarios y minoritarios. Solo cuando el pueblo se una a reclamar la terminación de la relación colonial el Congreso escuchará nuestros reclamos. El ejemplo evidente es la lucha de Vieques. Ese tipo de lucha es la que podría conducir a la solución del problema colonial.

 

© Rolando Emmanuelli Jiménez. El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P. Para mayor información vea:http://www.bufete-emmanuelli.com 

 

 

Salinas rechaza la estadidad

Un total de 8, 640 electores en Salinas rechazaron de diversas manera la anexión de Puerto Rico como un estado de los  Estados Unidos.  La mayor cantidad de votantes siguieron la disciplina de partido decretada por el PPD y dejaron en blanco la segunda pregunta de la papeleta plebiscitaria relativa a las opciones de estatus. El 50.29% de los electores apoyó la opción del SI en la primera pregunta lo que reafirma que la mayoría de los estadolibristas siguieron la disciplina de partido. Los números reflejan que 1,211 electores que se presumen no estadistas votaron por la opción del NO. Hipotéticamente se puede indicar que dichos votante, junto a los 6,134 que votaron por la anexión,  forman parte de los 7,345 votos que obtuvo el NO.  Es significativo que 3, 301 electores respaldaron la opción de Estado Libre Asociado Soberano que junto a los 4,849 votos en blanco y 490 votos por la independencia suman la mayoría que tradicionalmente rechaza la estadidad en Salinas.

La Unión permanente y la autodeterminación / Dante A. Rodríguez

 

Presentación

En torno a la condición política de Puerto Rico se creó en 1952 un paradigma en la discusión del estatus político cuyos basamentos se han cuestionado desde entonces.  Los conceptos de Unión Permanente y Autodeterminación son dos de los elementos, entre otros, utilizados para sostener y cuestionar los fundamentos jurídicos de la actual relación política entre Estados Unidos y Puerto Rico.

Sabido es que la justificación de la condición colonial de Puerto Rico a lo largo de seis décadas es la ficción política mejor orquestada en toda nuestra historia. El mito, gestado por Washington y San Juan fue avalado en Estados Unidos y en Puerto Rico mientras sirvió los intereses de ambas partes.  A la altura del Siglo 21 el mito ha comenzado a desmoronarse, pero de tanta devoción prodigada, la doctrina echó raíces con serias consecuencias para ambos pueblos.  Pocos se creyeron el mito, la mayoría lo endosaron en aras de disfrutar los beneficios.  Ahora los dioses de barro se desmoronan por su propio peso, bloqueando las salidas que llevan a la realidad o la sustitución de un mito por otro.

Dos cortos ensayos del Licdo. Dante A. Rodríguez, presentados a continuación, sirven para generar una discusión que comienza a adquirir protagonismo real en la vida del Pueblo puertorriqueño.

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