Ni se había efectuado la mitad del desembarco de las tropas estadounidenses en Guánica en 1898, cuando la clase política anexionista puertorriqueña proclamó que la isla no tenía los medios económicos para sobrevivir sin la presencia del imperio. Esta afirmación falsa, que inicialmente no fue ni tan siquiera solicitada por las fuerzas asaltantes, le dio a Estados Unidos lo que este todavía no tenía: una justificación ideológica para la violación de los derechos supremos de nuestra nación. En realidad, las primeras expresiones intervencionistas del imperio en Puerto Rico destacaban que el propósito de la acción militar era, pura y simplemente, el apoderarse de los recursos de una isla a todas luces rica y autosuficiente. Todas las investigaciones por geólogos, climatólogos e hidrólogos llegados con las tropas estadounidenses afirmaban, precisamente, que Puerto Rico mostraba una riqueza y desarrollo social sin par en El Caribe.
Habría que señalar que los primeros en sorprenderse con las expresiones de los anexionistas del patio probablemente fueron los mismos invasores estadounidenses. En ninguna otra región anexada entre 1860 y 1898 por el ejército de Estados Unidos, se había verificado tal grado de servilismo por fuerzas simpatizantes del imperio. La burguesía anglosajona dominante en Hawái, por ejemplo, condicionó su apoyo a la anexión en 1892, y exigió de Estados Unidos concesiones importantes, en lo económico y político. Primero, la plena inclusión de Hawái en la tarifa azucarera. Segundo, el monopolio político sobre todas las islas del archipiélago hawaiano. Ante la renuencia del gobierno de Estados Unidos a negociar los términos de la anexión, la burguesía azucarera de Hawái impulsó una revolución armada y se constituyó en república soberana en 1892. Esa forma política duró hasta 1898, cuando los grandes intereses azucareros del archipiélago se impusieron a la voluntad del Congreso. Igual pasó en todos los territorios que vinieron a conformar la expansión territorial de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XIX. Siempre hubo exigencias de los intereses locales y concesiones por parte del gobierno federal. Lo de Puerto Rico, la sumisión y falta de espina de los anexionistas, era algo único, que marcó un hito en la historia de expansión territorial del imperio.
¿A qué respondió esa afirmación falsa y alocada de los anexionistas del patio ante la invasión? Curiosamente, no respondía tanto a la presencia militar norteamericana, como a razones internas a nuestro país. Nos referimos al desarrollo desigual de la colonia en los últimos años de la dominación española. A partir de 1895, Puerto Rico había experimentado un rápido desarrollo económico, que se alimentaba en gran medida de la fortaleza de nuestra moneda frente a la española. Aunque incipiente, por los estándares de los grandes países europeos, se trataba de un proceso de acumulación originaria de capital, que venía alimentado el comercio y la banca local. Los investigadores estadounidenses se dieron cuenta de esto y lo informaron sin dilación al Departamento de Guerra de Estados Unidos. Y todos, sin excepción, destacaron que las grandes oportunidades de inversión, así como los recursos más importantes, no estaban en San Juan ni al norte de la Cordillera Central, sino al sur. Desde el día 1 de la invasión, la atención de los inversionistas se centró en la región costera que va de Guayama a Cabo Rojo. Uno tras otro, los informes preparados para el U.S. Geological Survey destacaban a Ponce y Mayagüez como las ciudades no solo más bellas de Puerto Rico, sino como las más productivas económicamente. La Playa de Ponce y la bahía de Jobos llamaron en particular la atención de los intereses azucareros. Ponce interesaba por su dinamismo comercial y Mayagüez, por su clase de hacendados. En ese inventario de recursos y desarrollo urbano, la ciudad de San Juan salía siempre algo mal parada. La capital era vista por los invasores como la urbe puertorriqueña de mayor desigualdad social, la menos pulcra y la que tenía más políticos estériles. Mientras los investigadores estadounidenses no encontraban suficientes elogios para las ciudades del sur, era muy poco lo que decían efectivamente de la «ciudad de los políticos», o sea, de la capital, salvo por la majestuosidad de sus murallas.
San Juan, sin embargo, sí tenía algo que podía servir al imperio: una clase política anexionista dispuesta a justificar el coloniaje. Además de no tener la más mínima fibra de integridad nacional, esta clase se erigió en la defensora de un coloniaje inclemente. Mintieron, lo pintaron como una necesidad histórica, y se consagraron a defenderlo.
Hay que pensar detenidamente en cuál habrá sido el impacto emocional y psicológico de esta acción vil de los anexionistas sobre la conciencia de las masas trabajadoras y campesinas de la isla. Puerto Rico era en 1898 el paraíso de la pequeña propiedad campesina. Gracias a ello era, para usar las palabras de National Geographic, la más próspera de todas las islas antillanas. Ese sistema de pequeña propiedad, que tantos halagos recibió de U. S. Geological Survey, era el recurso económico principal de la mayoría de la población puertorriqueña. Además de suplir las necesidades alimenticias de la población, daba vida a una exportación de medios de vida a islas vecinas. De hecho, si algo era patente en los informes del U.S. Geological Survey era la relativa «felicidad colectiva» existente entre los puertorriqueños, particularmente en el campo. ¡No podía ser de otro modo! El modo de producción de la pequeña propiedad, dominante en Puerto Rico en 1898, no era un legado de las plantaciones esclavistas ni del feudalismo ni de los privilegios mercantiles de los españoles. Fue creado, mantenido y reproducido, desde la tercera década del siglo XIX, por la gran masa de trabajadores del país. Era, efectivamente, el sector económico más democrático de nuestra sociedad. Así lo sentía la gran masa de la población, y no hay una sola razón para ponerlo en duda.
En 1898, respondiendo a motivos completamente mezquinos, la clase política anexionista del país, enarboló la mentira de la pobreza de Puerto Rico para mostrarse útil ante el imperio. Fue un acto de una bajeza enorme, que en nada reflejaba la realidad económica y social del país, según los propios datos de las agencias federales. No se equivocaron, pues, los invasores cuando detectaron en San Juan la presencia de una clase política, corrupta, improductiva y dispuesta a todo para preservar un puesto en la administración de la colonia.
Hoy, los tataranietos de aquellos políticos infelices que, en el 1898, no tuvieron la valentía de defender la tradición democrática de nuestro país, reflejada ante todo el vibrante sistema de la pequeña propiedad, vuelven de nuevo a enarbolar la mentira como instrumento para seguir robando y viviendo del sufrimiento de nuestra nación. Y eso ha de seguir así, como dijera Albizu Campos, a menos que surja una reacción de intenso nacionalismo que logre sofrenarlo.
© Rafael Rodríguez Cruz
