9 de junio: Conmemoración del natalicio del Doctor Santos P. Amadeo*

Santos_p_amadeoUn día como hoy, 9 de junio, se conmemora el natalicio del Dr. Santos Primo Amadeo Semidey (1902-1980). Este nieto de hacendados sureños nació en Salinas el 9 de junio de 1902.  Sus antepasados figuran entre las familias que arribaron a Salinas en el siglo 19 y que prontamente se convirtieron en terratenientes e impulsaron la creación del municipio.

Sus estudios primarios los realizó en Salinas, Patillas y Fajardo. Se graduó en la Escuela Superior East Greenwich Academy, en Rhode Island, en 1923. En la Universidad de Michigan obtuvo el grado de Bachiller en Artes y de Maestría, con especialización en Ciencias Políticas.  En 1935 la Universidad de Northwestern, Illinois le confirió el grado de Juris Doctor. Mientras trabajaba como profesor de derecho en la Universidad de Columbia cursó estudios allí hasta obtener en 1938 el grado de Doctor en Ciencias del Derecho. Su tesis doctoral titulada Argentine Constitutional Law, fue publicado por la “Columbia University Press”.

Luego de enseñar en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, en 1943 pasó a formar parte de la facultad de la Escuela de Derecho de la UPR hasta 1969, cuando le fue otorgado el título de “Profesor Emeritus”.

El Dr. Amadeo, que desde 1939 ejerció su profesión de abogado en Puerto Rico, es considerado un paladín de los derechos humanos[1]  Ese es precisamente el hilo conductor de sus escritos legales entre los que se incluyen los siguientes:

“Daños y Perjuicios por Muerte Ilegal” (1944); “Argentine Constitutional Law: The Judicial Function in the Maintenance of the Federal System and the Preservation of Individual Rights”, Columbia University Press (1943); “La Revisión Judicial de la Comisión Industrial de Puerto Rico” (1946); “La Revisión Judicial de los Poderes del Gobernador de Puerto Rico” (1949); “Revisión Judicial de las Juntas Examinadoras” (1946); “El Habeas Corpus en Puerto Rico” (1948); “Los Poderes de los Tribunales de Puerto Rico para Castigar por Desacato” (1949); y “School of Penal Thought Reflected in Modern Penal Legislation” (1950).

Reconocido como destacado jurista, Amadeo Semidey realizó labores de asesoría para entidades como: la Junta de Economía de Guerra que operó en Puerto Rico durante la Segunda Guerra Mundial; varios comités del Senado de los Estados Unidos; la “American Civil Liberties Union”; la delegación del Partido Estadista a la Convención Constituyente de 1952 a y la delegación del Partido Estadista Republicano a la Comisión de Status.

Santos P. Amadeo fue miembro de la batería de abogados que defendió a los quince independentistas acusados de violar la Ley de la Mordaza luego de la Revuelta Nacionalista de 1950. Como experto en derecho constitucional Amadeo cuestionó y lucho contra dicha ley denunciado su carácter inconstitucional ante el Tribunal Supremo con un recurso de hábeas curpus a favor del ponceño  Enrique Ayoroa Abreu, acusado de participar en la Masacre de Ponce[2]

El Dr. Amadeo, un ferviente defensor de los derechos humanos, creía que la soberanía de Puerto Rico se obtenía mediante la anexión a los Estados Unidos, aunque siempre afirmaba que si Estados Unidos se negaba a incorporar a Puerto Rico como estado, él optaría por la independencia. En 1960 su Partido Estadista Republicano lo nominó para senador por acumulación, posición que ejerció durante el cuatrienio de 1961 a 1964.

Como senador Amadeo Semidey continuó luchando a favor de los derechos humanos en Puerto Rico.  Con ese objetivo propuso múltiples medidas legislativas que ahora figuran en nuestro ordenamiento jurídico.  Entre sus proyectos legislativo se pueden mencionar: “el P. del S. 93, para declarar inadmisible toda confesión o admisión extrajudicial del acusado hecha sin abogado (antecediendo lo resuelto por la Corte Suprema de los Estados Unidos en Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436); el P. del S. 50, para prohibir la divulgación de las investigaciones criminales de delitos graves; el P. del S. 63, para autorizar demandar al Pueblo de Puerto Rico por arresto ilegal y allanamiento de morada; P. del S. 74, para crear al cargo de Juez Penitenciario; P. del S. 91, para conceder el derecho a juicio por jurado en delitos menos graves con más de un año de penalidad o cárcel mandataria (antecediendo lo resuelto por el más alto foro nacional en Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145); y la Resolución Concurrente Núm. 1, para crear una Comisión de Derechos Civiles en cada uno de los cuerpos legislativos”.

En el Diario de Sesiones de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico (Parte I, página 841, 1961) el Senador Amadeo Semidey dejó consignada su defensa a favor de la asistencia legal de los pobres cuando expreso: “no podemos hablar de democracia en este país, mientras no haya democracia en la administración de la justicia, en donde los pobres estén debidamente defendidos.”

Como bien afirmara el licenciado Neftalí Fuster González[3] la historia de Puerto Rico no estaría completa sin que se reconociera a la figura del salinense Santos P. Amadeo como campeón de “nuestras libertades civiles, de los derechos de los acusados y de la libertad integral de cada puertorriqueño”

*Basado en Ley núm. 253 de 13 de agosto de 2008 para declarar el 9 de junio como “Día Conmemorativo del Natalicio del Doctor Santos P. Amadeo

srs


[1]  Marchand, Carmen Julia.  “La Contribución del Dr. Santos P. Amadeo a la Defensa de los Derechos Fundamentales de los Puertorriqueños”, Revista del Colegio de Abogados de Puerto Rico 651, noviembre 1978

[2] Acosta, Ivonne. La Mordaza, Editorial Edil, Río Piedras,1989

[3] Fuster González, Neftalí. “Recordando a Don Santos” El Nuevo Día, 21 de septiembre de 1980, página 32.

Segunda Enmienda

 Por Pepo Santiago

La Constitución de los Estados Unidos, contiene la segunda enmienda, de la cual muchos han oído hablar. Otros muchos afirman conocerla y la defienden como una eficaz manera de combatir la rampante criminalidad que azota al País y también a la mayoría de las naciones del mundo. Los que así piensan, sostienen que poniendo un arma de fuego en las manos de cada uno de nuestros ciudadanos lograríamos una reducción significativa en la criminalidad en todas sus modalidades. Según ellos, sería un persuasivo para que los delincuentes lo piensen bien antes de atreverse a cometer cualquier tipo de delito.

2d amendmentGarrafal error se cometería si esa Segunda Enmienda se aplica sin controles en nuestro país. De aprobarse una ley en ese sentido tendría que llamarse” La Ley Del Revolver” y revivir aquellos viejos escenarios del oeste norteamericano. Cuando se imponía la ley de los más sagaces en el uso de las armas y la de los más atrevidos con poco respeto a la vida. El poner un arma de fuego o dicho de la manera correcta, el autorizar en ley el uso y portación de un arma de fuego para todos, seria atentar contra el derecho a la vida del ser humano. Estaríamos aumentando a escala mayor los potenciales asesinatos en una sociedad donde la tolerancia está en sus niveles más bajos.

La posesión de un arma de fuego no da espacio para la reflexión, esa bala que sale del cañón de un arma de fuego cuando se acciona el gatillo, esa fracción de segundo que toma dispararla, no da lugar para pensar, mucho menos para recapacitar. El arrepentirse no permite revertir el daño causado, ni la vida perdida. Se pierde la sensatez y la cordura con la posesión de un arma de fuego, las debilidades del ser humano se avivan ante el poder que da ese instrumento creado para matar.

La portación de un arma de fuego le da al común de los individuos una falsa sensación de poderío, que le impide discernir de forma correcta entre los riesgos que corre en una situación de peligro y la agresividad que produce la posesión de la misma. Las personas se toman menos tiempo para evitar situaciones que puedan crear un serio problema. Disminuyen significativamente los intentos de persuasión que evitarían una tragedia mayor. Aumentaría de forma alarmante los crímenes escudándose en la defensa propia. El objetivo básico de las armas de fuego, es agredir, dañar y destrozar vidas, es matar. Cuando pones o autorizas la posesión de armas de fuego a cada ciudadano, no aumentas su protección o seguridad, el único logro que aumente es las posibilidades de que mueran más personas.

Otra de las consecuencias sería la eliminación, para beneficio de muchos delincuentes, del delito de la posesión ilegal de un arma de fuego. Han existido delincuentes que pasan como honorables toda una vida, cuantos potenciales delincuentes serian autorizados a portar en ley un arma de fuego. Quien ha crecido y compartido amistad con oficiales de ley y orden, llámense policías, saben cómo aumenta el carácter agresivo de muchos de ellos cuando se les entrega el arma de reglamento.

Es contraproducente que el mismo gobierno que promueve mediante legislación u orden ejecutiva el recogido de armas de fuego en manos del ciudadano común, pretenda legislar para que cada ciudadano tenga el derecho en ley a poseer un arma de fuego. Eso deja mucho que decir de la cordura de nuestros legisladores.

©Sebastiopolo

Divorcio en Puerto Rico: un libro para desconocedores

Ya esta disponible en Amazon el libro del abogado salinense  Eugenio Martínez Rodríguez Divorcio en Puerto Rico:preguntas y respuestas sobre sus aspectos legales.

Como indica su título se trata de un texto organizado bajo el formato de preguntas y respuestas dirigido al público general.  Ese formato facilita a quienes lo consulta obtener, de forma directa y sencilla, información sobre los diversos aspectos asociados al proceso de divorciarse en Puerto Rico. En aproximadamente 100 páginas el lector común y corriente se familiariza con el proceso de divorcio que establecen las leyes de Puerto Rico. El Licdo. Martínez Rodríguez, quién además de abogado es graduado de la Escuela de Comunicaciones de la UPR en Rio Piedras, es reconocido bloguero cuyos escritos legales se recogen en PopJuris Blog y en la página Web del bufete Borrás & Martínez.

El referendum sobre la fianza pretende ocultar la incapacidad del gobierno para atajar el crimen

Lea con atención esta columna publicada en el Nuevo Día. Examinen los datos estadísticos sobre el crimen en Puerto Rico y el derecho a la fianza. Pregúntese: si el derecho a la fianza nada tiene que ver con la incidencia criminal, ¿por qué se insiste en relacionar una cosa con la otra? ¿Cuál es el motivo tras esta patraña contra derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos y errores del Estado? Entregar derechos civiles ciertamente es una ignorancia que cuesta caro. Por eso, el llamado a disipar las tinieblas que siembran los políticos entre la gente, contra la gente misma, es urgente. La democracia siempre está asediada por la intimidación, la manipulación y la represión, por eso no se pueden entregar los derechos de los ciudadanos que son los frenos contra el autoritarismo y los abusos del estado.

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17 julio 2012

La fianza y las tinieblas

CÉSAR LÓPEZ CINTRÓN


“A los ignorantes enseñadles lo más que podáis, la sociedad es culpable por no dar instrucción gratis, es responsable de la oscuridad que con esto produce. Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpable no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas”. (Victor Hugo/ “Los miserables”. Libro primero)

No es coincidencia que la ignorancia y los responsables de ésta se mencionen en un libro titulado “Los miserables”. Tampoco lo es que la ignorancia continúe siendo ingrediente principal de la miseria.

Por décadas he atestiguado lo que ocurre en los más claros y más oscuros pasillos de las estructuras locales de Justicia estando al lado de acusados y víctimas, y no seré indiferente a la responsabilidad que esto me impone. En esos años he evaluado crímenes de todo tipo, muchos desde la silla del fiscal. Conozco bien el poder monumental del Estado y sus recursos. Desde ahí se pueden ver, pero también disipar, las tinieblas.

En pocos días decidiremos si renunciamos o no a una parte importante de un derecho fundamental. El llamado derecho “absoluto” a la fianza dejó de ser absoluto hace mucho, puesto que está supeditado, ahora más que antes, a la discreción de los jueces. Cabe destacar que la fianza está intrínsecamente ligada al derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Es obligación del Estado orientar al pueblo para que tome una decisión informada, no aquélla que ellos promueven. Intentos como éste, antes y ahora, revelan la incapacidad de la maquinaria de justicia criminal de cumplir con el cometido de controlar y castigar el crimen. Para ello, no tenemos que renunciar a ningún derecho.

Cuando por falta de voluntad quedan desatendidas las raíces de la criminalidad, el Estado toma la vía fácil: pedir que renunciemos a derechos constitucionales. Los políticos, de antes y de ahora, saben bien que no hay relación alguna entre criminalidad y fianza. Saben también que la limitación de esta no bajará la incidencia criminal, porque son otras y más profundas las raíces del crimen y el caldo que lo cultiva.

Aquí sólo el 20% de los delitos son esclarecidos. Así, quien delinque tiene un 80% de probabilidades de nunca ser atrapado. A esto sumamos la falta de adiestramiento y mejores salarios a los policías, la desconfianza ciudadana del sistema y la alta politización del Departamento de Justicia, etc. Ninguna tiene nada que ver con este derecho constitucional.

La fianza pretende garantizar la comparecencia del imputado. No es, ni puede ser, un castigo. Y en eso se convertirá la denegatoria de la fianza. El resultado colateral: la eliminación de la presunción constitucional de inocencia. Se presumiría culpable aquél al que se le niegue la fianza y, peor aún, recibiría su castigo antes del juicio. Se crearían, además, dos categorías impermisibles de imputados: los que se presumen inocentes y tendrían fianza, y los que se presumen culpables y se les niega.

El Estado no ha podido, ni podrá, evidenciar una correlación entre la fianza y control del crimen, porque no existe. La Sociedad para Asistencia Legal representa más del 60% de los acusados de delito grave y tiene las únicas estadísticas disponibles. De cien casos de asesinato en un año sobresale que (1) la fianza promedio fue $725,000; (2) no existe riesgo de fuga; (3) no existe problema de incomparecencia; (4) el 90% estuvo preso sin prestar la fianza.

Ninguno fue imputado de otro delito estando bajo fianza por asesinato.

Ningún alegato del Estado para que renunciemos a este derecho está sustentado con data, mientras los argumentos en contra están altamente documentados.

Es absolutamente falso que no existan parámetros para imponer fianzas. La Regla 218 de Procedimiento Criminal establece más de seis criterios a tomarse en cuenta. La ley también enumera otras condiciones que pueden imponérsele al imputado, además de la fianza, para garantizar su comparecencia. A diario los jueces ejercen estos criterios.

Entonces, ¿por qué el Estado insiste en la enmienda? Así camufla con tinieblas su incapacidad para atajar la criminalidad. Es más fácil decir “a esos criminales no les den fianza”. ¡Qué lástima! Esa ignorancia trae estas tinieblas. Otros dieron su vida por los derechos que disfrutamos, hagamos que haya valido la pena. Por ellos y los hijos del futuro, yo votaré que no.

Pen Club repudia restricciones a la libertad en Puerto Rico

Comunicado de Prensa

El PEN Club de Puerto Rico Internacional repudia los artículos que censuran la libertad de expresión y el derecho a protestar del P. del S. 2021, mejor conocido como el proyecto de ley para establecer el Nuevo Código Penal. Entendemos que la libertad de expresión es la base fundamental para que una democracia crezca vigorosa ante los excesos de poder del Estado.

Nuestra institución, reafirma los postulados del PEN Internacional al cual estamos adscritos. Tan recientemente como el pasado mes de junio PEN Internacional a través de uno de sus directivos en la sede de Londres, John Ralston Saul, se expresó sobre la necesidad de seguir luchando para mantener el vínculo entre la defensa de la lengua, su cultura y la libertad de expresión. 

En Puerto Rico no estamos ajenos a ello por eso PEN Club de Puerto Rico Internacional, solicita al gobernador Luis Fortuño que vete el proyecto aprobado por los cuerpos legislativos, cuya intención lesionaría derechos que son  pilares democráticos contenidos en nuestra Constitución en el Artículo II § 4, la cual establece que no se aprobarán leyes que restrinjan la libertad de palabra o prensa y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El mandato de una administración electa no puede excederse en sus funciones para implantar su política pública porque puede provocar un derrumbe.  Un pueblo no se hace de pronto; se hace como las catedrales: piedra a piedra: se hace palabra por palabra. Y las palabras, como las piedras, cuando están mal puestas, mal medidas, mal empleadas, pueden provocar un derrumbe”.  Salvador Tió.  Nuestra Carta Magna emplea las palabras precisas y su propósito de velar por el cumplimiento de la integridad de los procesos democráticos. 

La ola de incidencia criminal no pueden ser los parámetros para guiar la política pública y responder con censura,  no puede ser pretexto para restar derechos civiles a los ciudadanos ante la imposibilidad del Estado en manejar la situación actual.  No podemos utilizar la democracia de escudo para combatir la criminalidad.  “La democracia sin libertad es tiranía, decía Octavio Paz.  

La humanidad ha vivido tiempos sombríos y este no es excepción, por lo cual, la turbulencia de los tiempos nunca es justificable para derrumbar de golpe los derechos que hemos alcanzado a costa de largos procesos.

Nuestra Junta repudia la censura y esa innegable libertad de expresión y la tiranía. Condenamos la actitud lenitiva del Código ante funcionarios del orden público que obstruyan la labor de la prensa.  Finalizamos citando al escritor Mario Vargas Llosa: Todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información.  Se puede medir la salud democrática de un país evaluando la diversidad de opiniones, la libertad de expresión y el espíritu crítico de sus diversos medios de comunicación”.

Sí a la libre expresión, no a la censura.

Julian Assange y el profeta Natán / Michael Castro

Julian Assange, un periodista y programador australiano,  puso en evidencia a través del sitio web Wikileaks las intrigas y ocultas intenciones del gobierno de los Estados Unidos en política exterior. Debido a las escandalosas revelaciones obtenidas de documentos secretos sobre las actividades de los Estados Unidos contra otros países fue acusado de delitos cibernéticos y sometido a encarcelamiento domiciliario en Europa.   Amenazado de muerte y acosado continuamente por los servicios secretos de los países delatados en Wikileaks la voz de Assange, silenciada a la fuerza, resurge como profética en este texto del boricua Michael Castro.

Julian Assange y el profeta Natán / Michael Castro

Hace un tiempo atrás un hombre sacó a la luz unos secretos que el gran gigante mundial conocido como los Estados Unidos de América no quería que la gente supiese. Los secretos que Julian Assange sacó a la luz pusieron en perspectiva lo que en realidad es la nación estadounidense, un país cuyos líderes están dispuestos a mantener el estatus de las cosas a favor de los que lo rigen a toda costa. Desde entonces a Assange se le ha catalogado como un “traidor” por algunos, “terrorista” por otros y “héroe” por muchos.

Luego de Assange y Wikileaks la gente ya no ve a los EEUU como el gran protector sino como un país abusador que comete los mismos o peores crímenes que aquellos países a quienes condena, acusa y ataca cometen. Julian Assange puso en perspectiva a los EEUU y reveló que son como cualquier otro país solo que tienen más armas y dinero que cualquier otro país.

La labor de Assange me recordó una historia de la Biblia. Hace mucho tiempo el rey David se encontraba en su casa y mirando por la ventana vio a una muchacha bien bonita. Siendo él el rey mandó buscarla porque le gustó. Aquella muchacha sin embargo tenía un esposo que era soldado de David y se encontraba en ese momento en la guerra.

David tomó a aquella muchacha, se acostó con ella, la preñó y la mandó para la casa. Para tratar de tapar el asunto mandó a buscar al esposo de ella y le dijo que se fuera un tiempo a su casa. Todo tenía el propósito de que el esposo se acostara con su mujer y a final de cuentas se creyera que el hijo que ella iba a parir era de él. Pero aquel hombre no quiso hacer lo que le dijo el rey David pues entendía que no era justo el irse a su casa mientras sus compañeros se encontraban peleando en la guerra.

Al Rey David se le dañó el plan y para cubrir su aventura decidió hacer algo. Instruyó a sus generales que pusieran a aquel valiente hombre en el frente de batalla y cuando la cosa se pusiese brava lo dejaran solo. Urías, esposo de Betsabé murió y ella quedó viuda. David entonces mandó a llamarla y la hizo su esposa. Todo quedaba en “secreto”. Lamentablemente para David, hay un Dios en el cielo que todo lo ve y en ese entonces le envío a un profeta llamado Natán que le hizo este relato:

Jehová envió a Natán a David; y viniendo a él, le dijo: Había dos hombres en una ciudad, el uno rico, y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas; pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno; y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico; y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno; además te di la casa de Israel y de Judá; y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. 1 de Samuel 12: 1-10

El secreto de David quedó descubierto y para colmo quedó grabado en las páginas de la Biblia y no fue nunca olvidado. Eso es lo que le pasa a gente poderosa que tiene sus secretos guardados, cometen abusos y creen que nadie se enterará. Eso fue lo que le pasó a los EEUU con Julian Assange, un Natán moderno.

© Michael Castro  El autor es un maestro especializado en la enseñanza del inglés como segunda lengua a nivel elemental. Es un bloguero residente en Cidra.  Su blog Poder 5, inspirado en el ensayo de Ignacio Ramonet titulado “El Quinto Poder  recoge su pensamiento político, religioso, social, educativo y humano en una variedad de escritos reflexivos y críticos difundidos a través de los medio de comunicación personal generados  en la Internet.

La fianza

Al igual que otros científicos sociales, Noam Chomsky afirma que una de las estrategias de manipulación mediática es crear una crisis, para que las personas terminen apoyando las soluciones que proponen los manipuladores. Así por ejemplo, la incidencia criminal desatendida a propósito, logra que la gente se sienta agobiada hasta favorecer soluciones inconcebibles como la renuncia al derecho a la fianza. Sabido es que la eliminación de la fianza nada tiene que ver con la disminución significativa de la incidencia criminal. Pero los manipuladores, utilizando el comprensible sufrimiento de las víctimas y el miedo que genera la inseguridad, logran que la mayoría de las personas se convenzan de que eliminando la fianza, se reducirán los asesinatos. Claro está, se presume que se captura a los homicidas de cada asesinato que ocurre, porque de lo contrario, ¿a quién le vas a negar la fianza?

La solución no está en eliminar la fianza, que es un derecho de las personas acusadas para evitar el encarcelamiento ilícito y prolongado, así como un espacio para preparar su defensa antes de ser enjuiciadas. El tratamiento de un problema tan complejo como el crimen, siempre queda atado a las  intenciones ocultas de las autoridades. Si la verdadera intención es disminuir el crimen, no puede ser a costa de repetir los momentos oscuros de la humanidad, ni de abolir los derechos humanos. Lo necesario es atajar la corrupción que alienta el delito, implantar las más avanzadas técnicas de investigación criminal para esclarecer los crímenes, y velar por una trasparente administración de justicia para evitar la impunidad y enjuiciar a los culpables.

Hay contradicciones cuyos efectos nos dan en la cara. Media humanidad aún lucha hasta la muerte por que se respeten sus derechos humanos. En cambio, aquí en Puerto Rico, una banda de malhechores de cuello blanco que nadan en un mar de impunidad, nos pide que renunciemos a ellos. Podemos optar por defender los derechos alcanzados o echarlos al zafacón poseídos por el temor.

srs

Legalizarán el espionaje cibernético gubernamental en los Estados Unidos

Más cuidado con lo que Usted publica, dice y opina en la Internet. Ahora no solo golpean su privacidad las grandes empresas cibernéticas simbolizadas por Google y Facebook sino que el gobierno también quiere tener acceso a la información no pública  que guardan los ciudadanos en la Internet. Una medida congresional apunta a que en los Estados Unidos la privacidad de los sitios de Internet podrá ser violada sin que los ciudadanos se enteren de la orden de allanamiento en su contra, tal como ocurre en la China. Así lo indica un parte de prensas publicado por Democracy Now, una entidad periodística independiente dedicada a difundir noticias desde una óptica distinta a la de las grandes empresas de comunicación estadounidenses. La medida echaría por el piso la tradicional defensa de los derechos civiles en los Estados Unidos bajo el argumento de la seguridad nacional y para proteger los intereses de las empresas contra el “espionaje económico extranjero”. La nota de prensa publicada hoy lee como sigue:

«La Cámara de Representantes aprobó una medida controvertida denominada de “seguridad cibernética”, a pesar de que el Presidente Obama amenazó con vetarla. El jueves, 42 demócratas se sumaron a los 206 republicanos que aprobaron la Ley de Intercambio y Protección de Información Cibernética, conocida como CISPA, en una votación sorpresiva. La medida permitiría a las empresas privadas de Internet como Google, Facebook y Microsoft a entregar registros confidenciales y comunicaciones de sus usuarios a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por su sigla en inglés), el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, lo que implica la legalización de un programa de vigilancia nacional que ya está siendo desarrollado por la NSA. Quienes apoyan la medida afirman que es necesaria para ayudar a las empresas privadas a evitar que entidades extranjeras (como los gobiernos ruso y chino) realicen espionaje económico. Sin embargo, el proyecto de ley generó la oposición de los defensores de la privacidad en Internet y provocó que la Casa Blanca amenazara con vetarlo. La medida fue aprobada luego de que los legisladores aprobaran una enmienda que ampliaría considerablemente la capacidad del gobierno de utilizar la información que recopila. Michelle Anderson, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) sostuvo el jueves en Democracy Now! que el proyecto de ley socavaría seriamente los derechos de privacidad.

Michelle Richardson declaró: “La legislación actual presupone que nuestras llamadas telefónicas, correos electrónicos y registros de Internet son privados y sostiene que las empresas deben mantenerlos en privado a menos que haya una emergencia o el gobierno emita una citación formal o una orden judicial. Y de golpe, este proyecto de ley sostiene que estas leyes de privacidad simplemente ya no se aplican. Entonces, todo lo que costó que se aprobaran esas leyes, las protecciones, la transparencia del Congreso, la función de los jueces, todo eso es eliminado en un proyecto de ley y permitirá a las empresas decidir cuánta y qué tipo de información quieren entregar al gobierno”.»

Tomado de Democracy Now

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Foro de opinión

¿Cuándo textear es un delito? / Sergio A. Rodríguez Sosa

A diario se envían electrónicamente en Puerto Rico miles de mensajes a través de los teléfono celulares. Enviar mensajes de textos ha creado un nuevo verbo en el español actual: textear. Por lo tanto se suele decir: yo texteo, tu texteas, nosotros texteamos.

Pero textear, como todo sistema de envío de mensaje, puede conducir a vericuetos legales cuando esos texteos producen molestia o daños.

En términos generales a estos mensajes electrónicos le aplicaría las mismas acciones legales que a cualquiera de los métodos tradicionales de enviar mensajes.

El asunto de enviar mensajes e imágenes electrónicamente cobró notoriedad cuando recientemente en el Senado de Puerto Rico se presentó un proyecto de ley para controlar la transmisión de desnudos por celulares entre los menores de edad. Algo así  como prohibirles comprar o ingerir bebidas alcohólicas.

A la práctica de enviar imágenes de desnudos se le ha llamado en EE.UU. sexting, vocablo que podríamos traducir como Sextear.  La gente continúa enriqueciendo el vocabulario obligados por el nuevo escenario que surge de las tecnologías. Sextear,  no es otra cosa que textear imágenes de naturaleza  sexual por el teléfono celular.  Cuando no son imágenes de ese tipo, genéricamente estaríamos quizás realizando la acción de fottear, es decir  enviando fotos por el dispositivo de mensajes de los  aparatos celulares. Fottear, porque fototear nos recuerda otra cosa.

Sabemos que toda prohibición no asegura que deje de realizarse el acto prohibido, y sextear, aunque probablemente puede controlarse con mayor facilidad por el propio medio de envío, requerirá siempre para su cumplimiento una vigilancia tan difícil de realizar, como difícil es vigilar quién compra un pitillo de mariguana.

En fin, que siempre tendrá que haber un querellante que  le cause molestia ser el protagonista o recibir un sexteo.

Mientras tanto, ¿quién nos salva de los montones de mensajes comerciales no deseados que nos textean a diario las propias compañías de teléfonos celulares?

Una nueva oportunidad para derogar la Ley de Cabotaje / por Lcdo. Rolando Emmanuelli Jiménez.

La Ley de Cabotaje establece que para que se pueda transportar una mercadería en un buque entre dos puertos norteamericanos, digamos entre San Juan y Nueva York, es indispensable utilizar barcos fabricados en los Estados Unidos, de matrícula norteamericana, cuyos dueños sean norteamericanos y que los marinos también sean norteamericanos.  Esta es una ley monopolística, ya que no permite la libre competencia de barcos con bandera extranjera que generalmente ofrecen tarifas más económicas.

El Senador federal republicano John Machain sometió un proyecto de ley para derogar la Ley de Cabotaje. El Senador denuncia el enorme costo de mantener esta ley. La coyuntura histórica actual es especial por el derrame de petróleo del Golfo de México. En esa emergencia tan grave los buques de países extranjeros que tienen el equipo necesario para ayudar a paliar el daño, no pueden intervenir, porque muchas de sus actividades de ayuda violan la Ley de Cabotaje.

Esto presenta una nueva oportunidad para luchar por el desarrollo de nuestra economía y particularmente, fomentar el desarrollo pleno del Puerto de las Américas.

El Senador expresó de manera contundente el impacto económico de la Ley al decir que conforme a varios estudios de la Comisión Americana de Comercio Internacional, eliminar la ley rebajará los costo de transportación en un 22%, por lo que ocurrirá un ahorro de $656 millones de dólares. Esto representa un ahorro entre los $3,000 y $4,000 en los bienes de consumo que compran los ciudadanos de Alaska y Hawaii.

 Es una regla básica de economía que si una empresa no tiene competencia, controla fácilmente el precio de sus productos en el mercado y si se trata de un producto esencial o de primera necesidad, los consumidores estamos obligados a adquirirlo al precio fijado. El sistema capitalista se basa en la premisa teórica de que la libre competencia permite innovación, agresividad empresarial, control de costos y motivación para penetrar nuevos mercados de consumidores mediante precios más bajos. El mercado ideal, que evidentemente no existe, es uno en que comerciantes compiten de igual a igual y están todo el tiempo buscando maneras de presentar su producto de la manera más barata al mercado, para que sea más atractivo al consumidor. Sin embargo, esa no es la realidad, porque en el mundo capitalista no todas las empresas tienen el mismo poderío e influencia. Además, existe legislación que protege monopolios o carteles empresariales que dominan el mercado, y por ende, establecen un precio que generalmente es mucho más alto para el consumidor.  Ese es el caso de la Ley de Cabotaje.

Las leyes de cabotaje protegen el dominio de la marina mercante norteamericana y el sistema empresarial que le apoya, y por ende, les confiere el poder de controlar el precio de la trasportación de los producto y mercaderías.  Los estudios comisionados en cuanto al costo para Puerto Rico de la Ley de Cabotaje concluyen, que dado el costo de la transportación marítima, cada producto que se importa a Puerto Rico desde Estados Unidos es de 25 a 30 por ciento más caro.  Como el 80% de los productos que recibimos del exterior provienen de Estados Unidos, el impacto inflacionario es devastador.

 La Ley de Cabotaje tiene como fundamento histórico la protección de la marina mercante norteamericana para tenerla disponible en caso de un conflicto bélico. La teoría es que teniendo una marina mercante saludable económicamente, en caso de una conflagración, se pueden utilizar los barcos para dar apoyo a la marina de guerra mediante el transporte de suministros, combustible y tropas. Durante la segunda guerra mundial se utilizaron cientos de buques civiles para abastecer los esfuerzos de guerra en Europa y el Pacífico. Sin embargo, en la guerra del Golfo de 1991, la participación de la marina mercante norteamericana fue mínima. Lo mismo ha ocurrido con la guerra de Irak. El poderío que ha desarrollado la marina de guerra hace innecesario la utilización de barcos civiles, por tanto esa justificación no tiene validez en el mundo contemporáneo.

Sin embargo, cerca de cien años de cabotaje han creado una madeja de intereses navieros, portuarios, laborales y políticos que luchan muy bien organizados por el sostenimiento de estas leyes, porque protegen sus negocios, empleos y poder político. Esto hace que la derogación o modificación requiera esfuerzos extraordinarios con una estrategia de envergadura nacional, agresiva y bien pensada.

 La Ley de Cabotaje no es un asunto político partidista.  Es un asunto de suma urgencia para nuestra economía y sociedad que ha levantado voces tan diversas como la Cámara de Comercio del Sur, la Alianza ProSur, el Hon. Salvador Casellas, juez de la Corte de Distrito Federal, el senador Pedro Roselló Gonzȧlez, el Gobernador Acevedo Vilá, el Hon. Francisco Zayas Seijo, Alcalde de Ponce y otros funcionarios importantes del gobierno.  Sin embargo, es poco lo que ha hecho en esa dirección. Es indispensable que la teoría se manifieste en acción concreta.  La eliminación de las leyes de cabotaje debe estar entre las prioridades de la agenda.

La lucha contra la Ley de Cabotaje exige unidad de todos los sectores.  Esta es una de las cadenas más duras de control económico y su eliminación es una de las maneras más efectivas de combatir la grave crisis económica que sufre Puerto Rico, ya que de abrirse los mercados a los barcos extranjeros, debe comenzar una disminución de los precios de la transportación marítima, y por tanto, de los productos que provienen de los Estados Unidos. 

Por otro lado, y de gran importancia para Ponce y el Sur de Puerto Rico, la derogación de esta nefasta ley permitirá que el Puerto de las Américas pueda desarrollar rutas comerciales desde Asia y Europa usando barcos de bandera extranjera que transborden en Ponce y partan hacia Estados Unidos, para duplicar así la rentabilidad del Puerto. Esto es lo que hemos llamado, el desarrollo pleno del Puerto.

El autor es abogado notario, Presidente del Bufete Emmanuelli en Ponce, Presidente de la  Alianza Pro Sur, Vicepresidente de DISUR, Inc., pasado presidente de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico y anfitrión del programa Debido Proceso de Ley, que se transmite todos los sábados a las 11:00 de la mañana por WPAB 550.  Para mayor información vea:www.debidoproceso.com

Las super cámaras y el destino de la privacidad

 

 

Una curiosidad relacionada con la investidura de Barak Obama el 20 de enero pasado le está dando la vuelta al mundo.   Se trata de una foto del acto en la que se puede distinguir claramente las caras de TODAS las personas presentes.

Coloque la manito del cursor en cualquier punto, haga doble clic y espere unos cuantos segundos para un enfoque  nítido.  Por lo visto, esta foto fue tomada con una cámara robot de 1474 megapixeles.  Unas 295 veces más precisa que una de las cámaras personales de 10 megapixeles.

Dicen que una de estas cámaras puede identificar a 1 millón de personas con una sola toma.   Así que a partir de ahora tenga mucho cuidado a dónde va, lo que hace y lo que dice, puesto que las voces a un kilometro de distancia también puede ser grabadas. Dios proteja nuestra privacidad porque si enfoca la cúpula del Capitolio de esa foto verá un espanto.
 
 Lilia E. Méndez

El retorno a la revisión administrativa discrecional (certiorari) / por Eugenio Martínez Rodríguez

Me entero a través de un artículo en el blog Derecho Al Derecho, que existe un proyecto, el P. de la C 537, dirigido a eliminar el recurso de apelación de las decisiones de las agencias administrativas ante el Tribunal de Apelaciones. De esta manera, se vuelve al estado de derecho anterior La Ley de Judicatura del 2003, en el que lo decidido por una agencia era revisado a discreción del Tribunal (recurso de certiorari) , o sea, no como un derecho, sino algo así como a un privilegio fruto de una prerrogativa judicial.

El proyecto, que recibió un informe favorable de la Comisión de lo Jurídico y de Ética de la Cámara de Representantes, ya fue aprobado, sin enmiendas, por dicho cuerpo legislativo. Su exposición de motivos dice como sigue:  “Son varios los efectos de que estas decisiones administrativas sean revisadas mediante revisión judicial no discrecional. La parte que ha sido favorecida en un proceso administrativo, se vería forzada a litigar un recurso apelativo, el cual es sumamente costoso. Esto desvirtúa la intención de los procesos administrativos que es que sean de fácil acceso a la ciudadanía. De la misma manera el Estado se ve forzado a emplear recursos adicionales, obligando al Procurador General a atender estas revisiones ante el Tribunal de Apelaciones. Ante la precaria situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno de Puerto Rico, entendemos prudente revertir estos recursos a unos de naturaleza discrecional.”

Llama la atención la solitaria victimización de “la parte que ha sido favorecida” que “se vería forzada a litigar”. Pero, ¿y qué de la parte que no ha sido favorecida? ¿Quiénes son más propensos a ser esa parte doblemente no favorecida (por la agencia y ahora por la legislatura), los intereses que financiaron la campaña de los jefes políticos de los funcionarios de éstas agencias, o el ciudadano común desligado de estas esferas interdependientes de poder?

Por otro lado, las razones para tal alteración son dos: el costo de litigación para el favorecido por una agencia, y el costo para el Estado de tener que atender este tipo de reclamo. Quizás peque de simplista, pero bajo ese tipo de pretexto bien podría justificarse el retorno a una monarquía absoluta: un rey inapelable, irrefutable y de discreción ilimitada. Eso sí sería barato para todos.

Para leer el proyecto, pulse aquí (Word).

eugenio-martinez-rodriguez

Eugenio Martínez Rodríguez es un destacado bloguero puertorriqueño natural de Salinas. Su carrera de periodismo la ha combinado con sus estudios de derecho. Mezcla, que junto a su agudeza mental, augura que sus escritos generarán interés entre lectores exigentes. Su pensamiento y  puntos de visitas se encuentran plasmados principalmente en sus blogs Tinta Digital PopJuris Blog.