Publican libro sobre la Ley PROMESA

Por Rolando Emmanuelli Jiménez, J.D., LL.M.  y

Yasmín Colón Colón, C.P.A., M.B.A., J.D.

El proyecto de ley de la CÁMARA de Representantes de Estados Unido H.R. 5278, denominado ‘‘Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act’’ y conocido por su acrónimo PROMESA, fue convertido en Ley por el presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016.

La Ley, que entre otras cosas, impone a Puerto Rico una Junta de Control Fiscal federal, afecta todos los ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico, económico y social, pues pone en manos de 7 personas, no electas, los poderes de revisar, modificar o revocar las leyes que van definir el futuro económico y social de Puerto Rico. Esto, trastocando la manera en que funciona la Constitución, por lo que se menoscaba, aún más, el limitado ámbito democrático de los puertorriqueños.

Por los pasados 28 años, el Bufete Emmanuelli C.S.P. ha mantenido su compromiso de informar a la comunidad sobre aspectos jurídicos y económicos. Reafirmando ese compromiso, sus socios, Rolando Emmanuelli Jiménez y Yasmín Colón Colón, analizan detalladamente en este trabajo las disposiciones de la Ley, a los fines definir cuál es el impacto que tendrá en todos los aspectos de nuestra vida como Pueblo.

La exposición sencilla que hacen los autores sobre el contenido de la Ley, sirve de base para el comienzo del debate para responder adecuadamente la pregunta: ¿cuál es la ruta o estrategia que Puerto Rico debe seguir para lidiar con la aplicación de esta Ley?

El libro en formato electrónico está disponible en la tienda iTunes de Apple en la versión para  Ibooks y la versión Kindle de Amazon.com. Próximamente, se publicará en la tienda de Amazon.com y en formato de papel bajo la Editorial Situm de San Juan Puerto Rico.

Rolando Emmanuelli Jiménez nació en Ponce, Puerto Rico. Pose un bachillerato del Recinto Universitario de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico con una concentración en Ciencias Políticas, así como un Juris Doctor de la Escuela de Derecho de la UPR. 1986. En 1992 obtuvo el grado de Maestría en Derecho (LL.M.) del Centro de Estudios Jurídicos Avanzados de la P.U.C.P.R. en San Juan

Ha sido profesor en la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos de Mayagüez. De la Hostos fue Miembro Fundador y Catedrático Asociado. Además, fue Decano Asociado, Síndico y Presidente de la Junta de Síndicos.

Como profesor impartió cursos en las áreas de Derecho Probatorio, Penal, Procesal Penal, Constitucional, Clínica de Asistencia Legal e Informática Jurídica. Ha publicado varios artículos sobre temas jurídicos en revistas especializadas y cientos en varios periódicos.

Es autor del Prontuario de Derecho Probatorio Puertorriqueño en el 1994 y de un Compendio de Derecho Probatorio Puertorriqueño, dirigido a los estudiantes de bachillerato y los abogados postulantes.

El Tribunal Supremo de Puerto Rico designó al Lcdo. Emmanuelli como Miembro del Comité Asesor Permanente de Reglas de Evidencia con el propósito de presentar un nuevo proyecto de Reglas de Derecho Probatorio. Este proyecto fue aprobado finalmente como las Nuevas Reglas de Evidencia de 2010.

En el año 2014 publicó Reestructuración de los Negocios para Enfrentar la Crisis, libro electrónico (e-book) publicado por la firma de abogados y notarios de Ponce, Bufete Emmanuelli, C.S.P. y su editorial Del Derecho y del Revés, que expone de forma clara las medidas generales y específicas que pueden tomar las empresa para lidiar con la crisis económica. Recientemente, publicó la versión en papel de este trabajo bajo la Editorial Situm.

En el año 2015 publicó su segundo libro electrónico titulado: Abecé del Derecho Puertorriqueño: Lo que necesita saber sobre las leyes principales de Puerto Rico. El libro contiene 85 temas jurídicos y explica de manera sencilla las principales leyes que tienen impacto diario en la vida de los puertorriqueños.

Fue Presidente de la CÁMARA de Comercio del Sur de Puerto Rico durante el término 2005-2006 donde se dedicó a promover el desarrollo pleno del Puerto de las Américas Rafael Cordero Santiago.

Ha sido anfitrión de los programas de radio Debido Proceso de Ley y Conocimiento y Acción Solidaria en WPAB. Actualmente se desempeña como Presidente del Bufete Emmanuelli, C.S.P.

Yasmín Colón Colón es natural del pueblo de Orocovis. En el año 2004, obtuvo un grado de bachillerato con concentración en Contabilidad Pública de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Recinto de Ponce. En 2007, juramentó como Contadora Pública Autorizada. Prosiguió estudios graduados, obteniendo en el 2008 una Maestría en Administración de Empresas con concentración en Contabilidad de la Universidad de Phoenix, con 3.91 de promedio general.

Continuó estudios jurídicos en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, donde se graduó Magna Cum Laude en el 2011. Fue la puntuación más alta en la reválida de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía de septiembre 2011, siendo admitida al ejercicio de la Abogacía y la Notaría en Puerto Rico. Además, está admitida a postular ante la Corte Federal para el Distrito de Puerto Rico.

En el año 2014, publicó, junto al Lcdo. Rolando Emmanuelli, el libro Reestructuración de Negocios para Enfrentar la Crisis: Guía Básica Jurídica para los Oficiales y Gerentes de la Empresa. Es autora del Sumario de Derecho Inmobiliario Registral, el cual se utiliza como repaso para la reválida de derecho. Ha publicado artículos sobre temas jurídicos en revistas especializadas y periódicos, siendo autora del artículo Responsabilidad del Contador Público Autorizado por Impericia Profesional Relacionada a Servicios en Asuntos Contributivos, publicado en la Revista de Derecho Puertorriqueño de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.

Ha sido profesora en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Ponce, en las áreas de Contabilidad y Justicia Criminal. Se desempeñó como asesora legal de las Comisiones de Reglas y Calendario y de Urbanismo e Infraestructura del Senado de Puerto Rico. Su experiencia laboral también incluye dirigir el departamento de contabilidad en empresas dedicadas a la industria de la construcción. Desde el año 2012, labora como abogada en el Bufete Emmanuelli, C.S.P. Actualmente, se desempeña como socia y principal oficina financiera (CFO) del Bufete.

La impunidad de las nuevas sectas

por: Ferrán Cosculluela

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Era una época en la que estaba decaída y triste. Acababa de romper una relación de ocho años y había cambiado de trabajo. Un amigo me aconsejó que fuera a la consulta.

“La gente sitúa las sectas en algunos grupos que tiene muy visualizados o de los que se ha hablado mucho, pero no incluye otro tipo de grupos como puede ser una ONG o una empresa. Por eso nosotros hablamos de grupos de manipulación psicológica y no de sectas, porque muchas personas asocian ese término a una práctica religiosa.”

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Empresas de venta piramidal, asociaciones de carácter deportivo, organizaciones que ofrecen técnicas de memorización y lectura rápida a los estudiantes,expertos en terapias alternativas, congregaciones de carácter religioso, tarotistas, astrólogos. El mundo de las sectas, o mejor dicho, de los comportamientos sectarios y la manipulación psicológicase ha diversificado en los últimos años y su número va en aumento.

“No importa si crees en ovnis o en la reencarnación. Lo que importa es que puedas creer libremente, en un ejercicio libre de tu razón y sin haber sido manipulado por otras personas con prácticas de alteración de la personalidad o técnicas de persuasión cohercitivas”.

Las sectas o grupos sectarios actuales no tienen nada de esotérico, ni sus acólitos llevan túnicas y se recluyen en las montañas. Y muchas veces tampoco se trata de grandes estructuras, sino que puede ser un pequeño grupo reunido en torno a un gurú o líder,que se erige en maestro, sanador, guía espiritual o conseguidor de bienes materiales, y al cual los adeptos entregan su confianza, con seguidismos extremos.

Hay personas de 50 años que han hipotecado sus casas y han sido exprimidas por un solo individuo y luego tienen dificultadas para ponerlo en conocimiento de la policía por sensación de ridículo”, comenta el mando policial.

El curso, que duró un año, se realizaba un fin de semana al mes en Sant Cugat. Había entre 15 y 20 alumnos y la formación se basaba en aprender a amar. “Decía que la pareja era la antítesis del amor, que si nos desprendíamos de las emociones podríamos amar de verdad y sanar a la gente. Decía que él era dios”, afirma. (…) El líder y maestro, Francesc Fonollet, un homeópata de Sabadell, seguiría en activo si no hubiera sido condenado a seis años de cárcel el pasado mes de mayo por abusar sexualmente de dos pacientes.

En la actualidad no existe ninguna sentencia judicial que haya condenado a ninguno de esos grupos, por eso tampoco hay ninguna lista oficial de ellos. “No hay sentencias porque la manipulación psicológica es muy difícil demostrar ante un tribunal y también son muy difíciles de perseguir policialmente.

Fuente: laicismo.org/

Casas en el agua: La Parguera / por Rima Brusi

parguera casetas

El año,creo,era 1998, y yo estaba reunida con un casetero, a quien llamaré Leno, en la sala de su caseta, él enfrascado en el relato de la historia de su caseta, yo escuchando y a la vez un poco distraída con el mar, porque allí estaba el mar, tan cerquita, tan pleno, tan calmo y rebosante de pájaros blancos, allí mismo, a nuestro lado.Esa es la experiencia en una caseta. Cuando decimos que las casetas de La Parguera están en la “zona marítimo terrestre” estamos describiendo una realidad espacial y jurídica pero también literal y con algo de poesía: la entrada está en tierra, el balcón en el mar.

Hurgo en mis recuerdos y en las notas, que aún conservo, de la entrevista que le hice a Leno, porque estoy buscando inspiración para escribir aquí sobre el tema escabroso de las casetas en La Parguera, construidas sobre pilotes dentro del agua, que el PS 1621 busca legitimar con la designación de una “zona de planificación especial turística de las casetas y muelles sobre el agua y terrenos de dominio público en La Parguera”, y así resolver su “incertidumbre jurídica” y cobrar “cánones de uso”.

La “controversia” parece clara: de una parte, están la mayor parte de la comunidad científica, el departamento de recursos naturales, la mayor parte de la izquierda y los ambientalistas…De la otra, los dueños de las casetas y sus círculos, los alcaldes del área, la mayor parte de los senadores y representantes, y personajes variopintos que expresan públicamente su apoyo, como la ex-contralora Colón Carlo.

Se trata de un tema incómodo para mí. Y se me ocurre que las razones de mi incomodidad pueden ser las mismas detrás de la mentada “incertidumbre jurídica”, y permanencia de las casetas. Porque esa permanencia es, bien mirada, un hecho extraordinario: las casetas son, claramente, ilegales, porque están en la zona marítimo terrestre.Su uso es mayormente vacacional. Muchas son propiedades fantasma, que ni aparecen en el registro de propiedad. Y sus dueños no son “rescatistas” tradicionales en busca desesperada de vivienda. Los críticos tienden a pensar que su permanencia se debe a que tienen amigos poderosos, y creo que tienen razón, pero también que el asunto es más complicado, y más interesante, que sencillamente un caso de “influencias”.Nos toca entender cómo surge ese arraigo, cómo han logrado permanecer. Pero primero, dejemos mi conflicto establecido: Esa ley me parece un disparate y espero que el gobernador no la firme; pero, como tantos, he disfrutado visitas en casetas y cuento con amistades que, al leer esta columna, tal vez dejen de serlo, porque viven enamorados (¿quién no lo estaría?) de sus casetas.

Así, enamorado de su caseta, estaba Leno. Le advertí que no estaba de acuerdo con la construcción ilegal costera, pero él, generoso, continuó la conversa y contestó mis preguntas. Me contó que conoció La Parguera en los sesenta: “Mi hija vino aquí a las seis semanas de nacida, a la caseta donde nos quedábamos…La Parguera ha sido siempre parte de mi vida, la mejor parte. Porque yo vivo en [ciudad cercana], pero yo verdaderamente existo en La Parguera.” Eventualmente compró la caseta, y visitándola se criaron sus hijos. “La vida en el mar, eso es lo más sano para la familia”, me dijo otra casetera. Ese discurso de apego, pertenencia, familia sana, de vínculo histórico y existencial, es típico de los caseteros que hoy impulsan el P del S 1621. Algunos han colocado fotos de su caseta en los medios sociales y expresan sentimientos como el siguiente:“¡Aquí está nuestra caseta,llena de amor, de fiesta, de unión familiar, nuestro hogar…yo nací y me crié allí, por eso yo soy de La Parguera!”

El sentimiento de pertenencia suele ser genuino, y es también una estrategia que los caseteros han utilizado históricamente para construir y persistir. Las primeras casetas fueron comisionadas por familias que los viejos del barrio describieron como “pudientes”,en los años treinta del pasado siglo, y a su lado chapoteaban (el agua estaba más limpia entonces) tanto los niños “de pueblo” como los de “comunidad”. La “comunidad” por su parte, estaba constituida fundamentalmente por pescadores, pero creció y diversificó en los cuarenta y cincuenta cuando se repartieron las parcelas (que no están en la costa). Los caseteros usan estas historias para explicarle a sus interlocutores que ellos “son de allí”, que sacarlos “es una locura”.

Otra estrategia, muy relevante ahora, ha sido la forja obstinada de pequeñas señales de “legalidad”. En los treinta, obtenían el visto bueno gubernamental si publicaban primero un edicto y nadie se oponía a la construcción. Así surgieron las primeras y se fueron convirtiendo en parte del paisaje. En 1969, había ya cerca de cien casetas, y se les ordenó desalojar en un término de sesenta días: No pasó nada. En 1978, el gobernador firmó un acuerdo con la Junta de Planificación y el Cuerpo de Ingenieros que las obligaba a salir antes de 1985; pero en 1979, otorgó “permisos de uso” parecidos a los que propone el proyecto actual. Los caseteros continuaron construyendo al amparo de la noche, con la mano de obra de los carpinteros y chiriperos locales. En los ochenta, cuando un grupo de familias de escasos recursos obtuvo nuevas parcelas, los caseteros ofrecieron colaborar económicamente en la construcción de un alcantarillado para el uso de los rescatadores–y, por supuesto, las casetas.

En términos generales, no absolutos, los residentes de las parcelas son de clase trabajadora (algunos pescan, y muchos descienden de pescadores), y los caseteros tienden a ser profesionales. Cuando les preguntaba a los primeros sobre el tema, algunos se pronunciaban absolutamente a favor, y otros resueltamente en contra, pero la mayoría expresaba ambivalencia: “Esos son los ricos, los profesionales. No necesitan vivir allí,tienen sus casas. Nos limitan el acceso de los botes al agua. Pero también nos dan trabajito, limpiando, o de carpintería, cualquier chiripa que haga falta…” “Los caseteros, lo que pasa es que pagan bien, sobre todo cuando quieren hacer la caseta más grande, o arreglar el muelle, y entonces hay que construir y hasta pintar de noche, velar que no venga la gente de Recursos.” Los caseteros proveen algunas oportunidades de empleo a cambio de del acceso (físico y visual) al mar, que sigue siendo importante para algunos pescadores pero para muchos residentes no vale la pena discutir. El crecimiento histórico de las casetas ocurrió al mismo tiempo que el de las parcelas, de modo que ambos tipos de residente sienten que, en efecto, “son de allí”.

En 1996, armados con un aparato de abogados y relaciones públicas, los caseteros recibieron al entonces gobernador para un “tour” del área, al final del cual Roselló decretó, para la prensa, “Ahora soy yo el que dice que se quedan.” Ya para esa época eran doscientas, algunas pagaban impuestos al CRIM, otras habían obtenido “permisos de uso” del Cuerpo de Ingenieros, y casi todas tenían y pagaban servicios de agua y luz.

parguera aerea

Los que las apoyan las describen como parte esencial de un paisaje “hermoso” o “de revista”, utilizan adjetivos como “encantadoras” y frases como “Venecia de Puerto Rico” (esa, pintorescamente, se cuela hasta en el texto del proyecto de ley que hoy nos ocupa). Las plantean como parte del “atractivo turístico” de la zona, objeto de la mirada de los que “pasean en bote para ver las casitas de colores que son parte esencial de la imagen de La Parguera”, y “una cosa linda para los turistas, que vienen aquí buscando una villa pesquera.” El litoral será parte del “dominio público”, pero los caseteros lo han convertido en propiedad privada, pública sólo en tanto objeto de la mirada del otro y parte de la belleza y la salud económica del barrio.

Con esto de ser “de allí”, estampas de legitimidad, y alusiones al paisaje,las casetas han ido adquiriendo un aura que, combinada con las conexiones sociales y profesionales de muchos caseteros (no sé ahora, pero en 1998 veraneaba en ellas hasta un juez federal) sirve para complicar lo que debería ser un asunto simple: que el mar es de todos. Las casetas, igual que don Leno, son absolutamente encantadoras, pero están profundamente equivocadas.

El paso del proyecto por cámara y senado fue apresurado y nocturno, como la construcción de las casetas mismas. El momento histórico es importante: se nos viene encima la ley que crea una junta de control fiscal y relaja protecciones ambientales, se han creado incentivos para que se muden a la isla y compren propiedades algunos estadounidenses, se habla de agilizar la permisología.

Busco en internet los términos “casetas La Parguera” y veo, prominentemente, anuncios de alquiler y venta: “Casa acogedora en las aguas”, “hermosa cabaña frente al mar”. Fluctúan entre $250 y $500 por noche. Si usted desea poseer su propia caseta,las hay para la venta. Me llama la atención una de ellas. Tiene dos letreros que en mayúsculas advierten “MUELLE PRIVADO”. Piden por ella medio millón.

¿No tiene medio millón? Hay otra por sólo $350,000. El realtor la anuncia así:

“LA PARGUERA, DE REVISTA!!! ´AREA EXCLUSIVA EN LA PARGUERA…SEA UNO DE LOS POCOS AFORTUNADOS EN TENER UNA CASA EN EL AGUA EN LA PARGUERA.”

Fuente: Parpadeando

Propulsan ley sobre ubicación de antenas de telecomunicaciones

Comunicado de Prensa

Portavoces del Frente de Comunidades Contra La Proliferación de Antenas ocupan desde horas de la mañana las oficinas del Senador Ramón Luis Nieves. Los líderes comunitarios reclaman al senador la celebración de una vista pública sobre el Proyecto del Senado 1535, bajo la consideración de la Comisión de Banca, Seguros y Telecomunicaciones que preside Nieves. El Proyecto del Senado 1535 fue presentado por petición ciudadana en diciembre de 2015 y tiene como co – autores a los senadores María de Lourdes Santiago y Cirilo Tirado. De ser aprobado, crearía la “Ley de Seguridad Ciudadana sobre la Construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones de Puerto Rico”.

“Estamos aquí luego de años de lucha en los que hemos enfrentado los atropellos, burlas e injusticias en contra de nuestras comunidades por parte de las empresas de telecomunicaciones y agencias como la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe). Las empresas constructoras de torres de antenas llegan a nuestras comunidades como ladrones en la noche, violentando reglamentaciones y leyes, desde la impunidad que garantizan sus millones. Sin consulta a la comunidad, sin notificación a colindantes, con permisos obtenidos de manera fraudulenta, deprecian el valor de nuestras propiedades y ponen en riesgo la seguridad de nuestras familias”, expresó Glenda Rivera Colón, portavoz de la comunidad Las Guavas de Bayamón.

Según los manifestantes, la ley actual que regula la construcción, instalación y ubicación de torres de telecomunicaciones en Puerto Rico y los reglamentos de la Oficina de Gerencia de Permisos no favore un balance de intereses entre las comunidades, el gobierno y las empresas. “Tenemos casos como el del barrio Sonador de San Sebastián donde los vecinos han gastado decenas de miles de dólares en procesos judiciales. El Tribunal Supremo dictaminó que la ubicación de la torre de antenas de la empresa QMC Telecom era ilegal, y en vez de ordenarse su remoción, la Oficina de Gerencia de Permisos otorgó a la empresa la opción de un proceso de permiso nuevo. En Sabana Grande la empresa Wise Towers construye un proyecto a pies de distancia del único suministro de agua potable de la comunidad Arenas y en el hábitat de una especie en peligro de extinción. En La Margarita de Salinas la compañía Wireless Solution construyó una torre en el cauce del río Nigua que bordea la comunidad. En la comunidad Las Guavas de Bayamón, así como en Sabana Llana de Juana Díaz, Corchado de Isabela y Borinquen en Caguas, las empresas y la OGPe han violentado lo establecido en la ley actual sobre coubicación, aprobando nuevos proyectos dentro del radio de una milla de torres existentes. En todos los casos la constante ha sido que las empresas someten información falsa a las agencias para la obtención de permisos y endosos, sin ninguna consecuencia”, puntualizó Víctor Pastrana, de la comunidad Sonador en San Sebastián.

“Presentamos el Proyecto del Senado 1535 en diciembre pasado. Ciudadanos de nuestras comunidades realizaron llamadas a la oficina de Ramón Luis Nieves, colectaron firmas en apoyo al proyecto, inclusive sostuvimos una reunión con el senador. Lo que hemos recibido de su parte son excusas para que el proyecto no se discuta. Nos preguntamos, ¿a quiénes no le conviene la discusión pública de este proyecto? ¿Por cuáles intereses vela el senador Nieves y el Senado de Puerto Rico? Reclamamos a Ramón Luis Nieves y al presidente del Senado Eduardo Bathia que nos digan si están de parte de las comunidades pobres y envejecidas o de parte de los grandes intereses que representan las empresas constructoras de torres. De aquí no nos vamos sin una fecha para la celebración de vista pública sobre el proyecto del Senado 1535”, finalizó Wilson Rivera, portavoz del frente de comunidades.

La relación entre EE.UU. y P.R.–fragmentos del Discurso del Juez Juan R. Torruella en John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, el 24 de abril de 2016.

por Samuel Caraballo

Incluyo algunos comentarios directos del discurso, que consta de 24 páginas (7,500 palabras) para aquellos lectores interesados en el tema.  Lo ideal sería leer todo el discurso y considerar la tesis principal del autor–“los problemas sociales y económicos que vive Puerto Rico en la actualidad se debe a su relación colonial con los Estados Unidos.”  Aunque declarar esto es como descubrir a América en pleno siglo XXI, escucharlo de un Juez Federal, que sirve y valida al colonizador, es quizas lo más notable.  Así que te invito a leer cada párrafo, con los énfasis hechos por mí, ya sea subrayados o en negritas, para tener un cuadro claro del por qué la propuesta  de una Junta de Supervisión fiscal  para dirigir el país.   Como siempre…Muchas bendiciones.

El estatus de Puerto Rico no ha cambiado ni un poquito en todo este tiempo, como tampoco el estatus de sus ciudadanos. Apenas cinco años después de que a los puertorriqueños se les otorgara la ciudadanía estadounidense en 1917, la Corte Suprema decretó –de manera bastante increíble– en Balzac v. Porto Rico, que lo único que significaba la concesión de la ciudadanía estadounidense para los puertorriqueños era que ellos se podían mudar a EE.UU. continental y allí ejercer sus derechos en pleno como ciudadanos, pero que no disfrutarían de la plenitud de sus derechos como ciudadanos de EE.UU. mientras residieran en Puerto Rico.

Ya que mi tiempo es limitado y ya que quisiera exponer ante este foro los hechos que demuestran, más allá de toda duda razonable, cómo se ha abusado de Puerto Rico al clásico estilo colonial, y cómo esto nos ha llevado a nuestra lamentable situación actual, permítanme presentarles la definición del término “colonia”, tomada del Diccionario de Ciencias Sociales de la Unesco. El término “colonia” allí se define como “un territorio, subordinado de varias maneras –política, cultural o económica– a un país más desarrollado [en el cual] el poder legislativo supremo y gran parte de la administración recae en el país dominante, que usualmente [es] de un grupo étnico distinto al de la colonia”. Uno tendría que sufrir de una disfunción grave en todo el sentido de la palabra para concluir que esta definición no le cae como anillo al dedo al aplicarse a la relación entre EE.UU. y P.R. 

A ello le siguió una consulta apresurada a las Naciones Unidas de parte de los Estados Unidos, para buscar una dispensación para Puerto Rico de parte de la ONU que reportara los requisitos impuestos a aquellos países que tienen territorios que no son autónomos. Esto se logró mediante muchas trampas y forcejeos de parte de los representantes de los Estados Unidos junto a algunos líderes políticos puertorriqueños, un logro que algunos describieron, muy correctamente en mi opinión, como un“engaño monumental“.  Pues, aunque estas acciones resultaron en la expulsión de Puerto Rico de la lista de colonias de la ONU, L.P. 600 fue, en el mejor de los casos, una medida estética. Los ciudadanos de Puerto Rico continuamos en desventaja nacionalmente, incapaces de votar por el Presidente o el Vicepresidente, de ser representados en el Congreso por representantes y senadores con voto, y sin tener voz ni voto en cuanto a las leyes que nos aplican.

La desigualdad discriminatoria en subsidios cuando comparamos a los ciudadanos americanos en Puerto Rico con sus contrapartes en el continente es una larga tradición y, desafortunadamente, es autorizada por ley. La Corte Suprema ha justificado el trato discriminante del Congreso en contra de los residentes estadounidenses en Puerto Rico en dos casos –Harris v. Rosario– concluyendo que “mejores beneficios podrían interrumpir gravemente la economía puertorriqueña”. Esta fue una conclusión que el juez Marshall lógicamente rechazó, pues lo interpretó como una aseveración similar a que el Congreso tenía la intención de ayudar a los más pobres menos y mantener a Puerto Rico en desventaja.

Tal y como se explicó anteriormente, en la actualidad e históricamente el problema básico y fundamental de la economía puertorriqueña siempre ha sido que esta es una economía que genera una cantidad significativa de riquezas, pero que se queda con muy poca, una circunstancia típicamente colonialista. Las industrias principales de Puerto rico –químicas, farmacéuticas, electrónicas y de manufactura de equipo científico– son todas dominadas e impulsadas por compañías multinacionales basadas en los EE.UU., cuyas ganancias netas de sus operaciones en Puerto Rico superaron los $14,000 millones solo en 1995. Es la misma historia cuando se habla de turismo, la segunda industria más grande en la Isla, la cual emplea al nueve por ciento de su fuerza laboral, con casi todos los hoteles pertenecientes o controlados por capital en los Estados Unidos. En conjunto, casi cuatro de cada diez dólares generados por trabajadores puertorriqueños terminan en las arcas de una firma estadounidense. 

Ha sido a propósito que no he discutido la contribución de la clase política de Puerto Rico al fiasco en que la Isla actualmente se encuentra, pues aunque indudablemente se lleva algo de la culpa porque, primero que todo, dicha incursión significaría una discusión sin algún final previsible o resultado productivo, y segundo porque al final, si es que en algún punto hallamos un final, todo lo que encontraríamos sería que la causa subyacente y principal de los problemas de Puerto Rico es su propia condición colonial. Aunque las entidades políticas de Puerto Rico han inevitablemente desempeñado un papel, el de ellas no solo ha sido uno limitado y parroquial, sino que, aún más importante en mi opinión, no ha sido uno decisivo. Cualquier distracción de esa verdad fundamental, de que nuestra condición colonial es la causa principal del desastre al que nos enfrentamos ahora, resta valor a cualquier esfuerzo de encontrar una solución.

Y así les dejo con un último pensamiento: esperemos que el Congreso y otros en posiciones importantes tomen nota yconsideren las consecuencias potencialmente explosivas de esa la propuesta sobre la Junta de Control Fiscal que el Congreso le hace a Puerto Rico y a su población de ciudadanos estadounidenses que, incluso en el contexto de una relación de explotación como la de Estados Unidos hacia Puerto Rico, es completamente escandalosa.

Fuente: La relación entre EE.UU. y P.R.–fragmentos del Discurso del Juez Juan R. Torruella en John Jay College of Criminal Justice, en Nueva York, el 24 de abril de 2016.

Orden de Desahucio contra la Asociación de Pescadores Raúl Maldonado de La Playa.

La controversia entre Asociación de Pescadores Raúl Maldonado y el gobierno tomó un nuevo giro cuando la secretaria de agricultura, Myrna Comas, ordenó el emplazamiento para que la entidad fuera desahuciada de la Villa Pesquera de La Playa de Salinas, aduciendo que el contrato de arrendamiento de las instalaciones venció el 6 de mayo de 2014.

La Villa Pesquera de La Playa está bajo la jurisdicción del Departamento de Agricultura. La controversia comenzó cuando la alcaldesa de Salinas Karilyn Bonilla solicito al Departamento de Agricultura que le traspasara las instalaciones de la villa pesquera al municipio alegando que estaban inoperante. La asociación, por su parte, expone que le comunicó a la secretaria Comas su intención de renovar el contrato.  Asimismo indica que realizó todos los trámites requeridos por el Departamento de Agricultura pero que la secretaria de agricultura revirtió su decisión ante la petición de la ejecutiva municipal. La pugna entre la asociación y el gobierno causó que la secretaria Comas abandonara repentinamente una reunión que sostenía con pescadores de la Asociación.

Ignacio del Valle Alvarado, presidente de la Directiva de la Asociación Raúl Maldonado expreso que lamentaba el “cambio de postura de la Secretaria de Agricultura, con la cual ya habíamos comenzado el proceso para seguir administrando las facilidades pesqueras. Nosotros, junto a la comunidad, rescatamos esas facilidades, las cuales estaban abandonadas, y las transformamos de un hospitalillo a una Villa Pesquera.  Y ahora la Secretaria, por un capricho de la alcaldesa, nos saca sin ningún motivo”, dijo.

Del Valle manifestó que la asociación mejoró las instalaciones así como los servicios a la comunidad: “Reparamos el muelle, tenemos venta de pescado todos los días, viajes a los cayos, alquiler de kayaks, estamos manteniendo el área de la pescadería, en nuestra más reciente asamblea integramos 20 nuevos pescadores, incluyendo una mujer, y construimos un kiosko. Hemos recibido reconocimientos a nivel personal como pescador y a nivel del grupo, incluso por el mismo Departamento de Agricultura que nos escogió para la “Ruta del Pescado” por nuestro funcionamiento.  Por eso es injusto la actitud actual de la Secretaria Comas”.

Por su parte, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental y candidato alcalde por el Partido Independentista Puertorriqueño hizo declaraciones donde acusa a la administración de Bonilla Colón de discriminar contra la Asociación de Pescadores Raúl Maldonado.  “La alcaldesa le otorgó a otras organización de pescadores en Salinas $10,000.00, incluso a una que no tiene facilidades pesqueras. Además, dentro de los planes con los pescadores que dice tener la Oficina de Turismo, no incluyen a los pescadores de la Asociación.  A pesar de que es la mejor pescadería que está funcionando en Salinas”, expreso el también legislador municipal. El municipio alega que sus programas para pescadores beneficiam solo a los grupos que están bajo jurisdicción municipal.

La Asociación, deberá comparecer el 29 de diciembre de 2015 al Tribunal de Salinas para responder a la orden de desahucio. La Asociación es apoyada por organizaciones como la Iniciativa de Eco Desarrollo de Bahía de Jobos (IDEBAJO), la Federación de Pescadores de Puerto Rico y Defensores del Mar, Inc. (FEPDEMAR) y el Comité Diálogo Ambiental.

 

 ¿Puede un funcionario público negarse a ejercer sus funciones por objeción de conciencia?

A preguntas de un periodista sobre si apoya a los funcionarios públicos que se niegan a casar personas del mismo sexo alegando objeción de conciencia, el Papa Francisco dijo: “… puedo decir que la objeción de conciencia es un derecho que entra en cada derecho humano. Es un derecho. Y si una persona no permite hacer objeción de conciencia, niega un derecho. En cada estructura judicial debe entrar la objeción de conciencia porque es un derecho, un derecho humano”.

La pregunta a Francisco surge a raíz de las posturas de Kim Davis, la funcionaria del condado de Rowan en Kentucky, quien fue arrestada por negarse a casar parejas del mismo sexo debido a sus principios religiosos.

El asunto se complica cuando la objeción por principios se extiende a otros ámbitos no estrictamente religiosos. La desobediencia a la ley por razones de principios éticos, morales o religiosos ha llevado a mucha gente a la cárcel, y peor a la muerte cuando reta los poderes políticos establecidos.

Un aspecto a considerar en este asunto es si la objeción de conciencia “se extingue” para un funcionario público por razón de su juramento como tal. Cuando el funcionario juramenta para asumir un puesto se compromete a cumplir con la constitución y las leyes. ¡Con todas! No jura diciendo: “Juro cumplir en parte con…” La selectividad no está incluida en los juramentos a cargos públicos.

La objeción de conciencia de un funcionario público particular pierde peso cuando no es consistente frente a posturas éticas y morales igualmente sensitivas,  Ese es el caso del funcionario que se niega a casar personas del mismo sexo, pero que envía a la cárcel a una persona que se niega participar en una guerra o el que bendice a la tropa ante de ir a matar o morir en el campo de batalla.

¿Puede un funcionario público facultado para salvaguardar derechos civiles negarse a cumplir su ministerio por razón de objeción de conciencia?  Al respecto basta decir que en los ámbitos legales y administrativo el ejercicio de las atribuciones de un cargo no está sujeto a incumplimiento.  

Por Sergio A. Rodríguez Sosa

Nos robaron los fondos del seguro social

Recientemente en Honduras ha surgido evidencia que comprueba que los fondos del Seguro Social fueron desfalcados por funcionarios del gobierno. El presidente Juan Orlando Hernández, admitió que su partido, el derechista Partido Nacional (PN) recibió dinero desviado del Seguro Social, un escándalo de corrupción que ha desatado grandes manifestaciones para exigir su renuncia. Pero esto no ocurre solo en Honduras, en Estados Unidos y en otros países los fondos del Seguro Social son codiciados por corredores financieros de dudosa reputación.

En el mundo del crimen el desfalco es una de muchas modalidades de robar. Pero hay muchas otras y una de ellas, a nivel del mundo financiero, es la que advierte un escrito en cadena que recibimos recientemente vía correo electrónico.  Aunque anónimo lo reproducimos aquí porque la veracidad de sus argumentos es conocida públicamente.

 

Ahora se refieren al cheque del Seguro Social como el pago de un beneficio federal.

Anónimo

Estoy reenviando este mensaje porque toca una fibra sensible en mí, y espero que lo haga en ti.

El gobierno se está refiriendo a nuestros cheques del Seguro Social como el “pago de un beneficio federal.” Este pago no es un beneficio. ¡Es nuestro dinero, pagado con los ingresos de nuestro trabajo! No sólo los empleados pagamos nuestro Seguro Social, sino que nuestros empleadores pagan también. Eso suma el 15% de nuestro ingreso neto.

Si usted promedia $30 mil por año durante su vida laboral, eso significa que ha invertido cerca de $ 180.000 en el Seguro Social.

Si se calcula el valor futuro de su inversión mensual en el Seguro Social ($ 375 por mes, incluyendo la aportación suya como las de su empleador) a una tasa de interés de 1% magro compuesto mensualmente, ¡después de 40 años de trabajo tendría más de $ 1.3 millones de dólares guardados!

Esta es su inversión personal. Al momento de su jubilación, si usted aportó sólo el 3% por año, recibirá $ 39.318 por año, o $ 3277 por mes.

Eso es casi tres veces más que el pago promedio actual de beneficios del Seguro Social que alcanza a $1230 por mes, de acuerdo con la Administración del Seguro Social. (Google – es un hecho).

Y su fondo de retiro duraría más de 33 años (hasta que cumpla, 98 si se jubila a los 65 años)! Sólo puedo imaginar cuanto mejor podría vivir la mayoría de las personas de ingresos durante su jubilación si el gobierno hubiera invertido nuestro dinero en cuentas que devengan intereses a bajo riesgo.

En cambio, los tipos en Washington fraguaron un esquema Ponzi más grande del que Bernie Madoff hizo.

Se llevaron nuestro dinero y lo usaron en otras cosas. Se olvidaron (claro que sabían) que estaban tomando nuestro dinero. No celebraron un referéndum para preguntar si queríamos o no prestarle nuestro dinero. Y no pagaron intereses por la deuda que asumieron con nuestro dinero. Y ahora nos dicen el dinero depositado en el Seguro Social no va a durar por mucho tiempo más para pagar nuestro retiro. (¿No es curioso que nunca digan eso sobre pagos de asistencia social?)

Pero, ¿es culpa nuestra que usaran mal nuestras inversiones? Y ahora, para colmo de males e insultarnos, ellos están llamando “beneficio federal” al pago de nuestro Seguro Social, como si nunca pagáramos con nuestros ingresos cada centavo de nuestra jubilación.

El hecho de que tomaron prestado el dinero no significa que nuestras inversiones eran una obra de caridad.

Vamos a tomar una postura. Hemos pagado por nuestro derecho al Seguro Social y Medicare. Hay que exigirles a los congresistas de EU que manejen con sentido justicia el gobierno.

Encontrar una manera de mantener el Seguro Social y el Medicare es hacerle justicia al 92% de la población que no es rica.

Entonces refiéranse al cheque del Seguro Social como lo que es: Nuestro ingreso por jubilación pagado durante los años de trabajo.

Quizas usted sea uno del 99% que no preste atención a este mensaje

Yo no. Por eso lo reenvío.

Anónimo

 

 

 

Día Internacional de la Mujer : 8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer no serviría para nada si no se destina a pasar balance en los avances obtenidos y a reflexionar sobre los cambios que lleven definitivamente a la igualdad de los géneros.

Las Naciones Unidas, como organismo que representa a los estados y no a los pueblos, comenzaron a celebrar tardíamente el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 1975. Fueron los movimientos obreros los que a principios del siglo 20 comenzaron a conmemorar las gestas, luchas y éxitos de las trabajadoras.

El surgimiento de esta celebración descansa en una serie de acontecimientos históricos que se inician con una cruenta huelga el 8 de marzo de 1908.  Ese desafío fue conmemorado por primera vez el 8 de marzo de 1909 por el Partido Socialista de los Estados Unidos. Se consolida esa fecha cuando en 1917 las obreras textiles rusas, conmemorando el 8 de marzo, tomaron las calles reclamando “Pan, paz y libertad”, marcando así el inicio de la más importante revolución del siglo 20, que desembocó en la caída del régimen zarista y la toma del poder por la clase obrera, en el mes de octubre del mismo año.

El carácter mundial que tiene hoy la fecha ha beneficiado el crecimiento del movimiento a favor de los derechos de la mujer en las esferas nacionales e internacionales. Muchas y profundas son las brechas que persisten. Actitudes, prejuicios y visiones  sobre la mujer constituyen barreras e intolerancias a superar.

Este año, el Día Internacional de la Mujer privilegia la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un plan firmado hace dos décadas por 189 gobiernos para hacer realidad los derechos de las mujeres. El documento se enfoca en 12 esferas de especial preocupación encaminadas a crear sociedades en las que se garantice a todas las mujeres desde su nacimiento el derecho a la vida y el bienestar, así como a educarse, participar en la política, intervenir en la economía y vivir en sociedades libres de violencia y discriminación.

Reconocemos  que aun la humanidad está lejos de conseguir la igualdad de género en el mundo.  La emancipación de mujeres y hombres de las lacras sociales es requisito para lograr sociedades más justas y pacíficas.  Al reflexionar sobre este tema se levantan interrogantes como indicadores de los desafíos que tiene la humanidad camino a lograr la igualdad y la equidad de género.

  • Dos tercio de los analfabetas del mundo son mujeres.
  • Millones de niñas en edad de educación primaria no van a la escuela y millones de mujeres aún no tienes acceso a una educación de calidad
  • Millones de mujeres talentosas no tienen accesos a puestos de liderazgo en disciplinas como las ciencias naturales y las tecnologías avanzadas.
  • La mayoría de los países mantiene estructuras legales que subordinan los derechos de las mujeres a la de los hombres.
  • Los medios de comunicación masiva perpetúan perspectivas que lesionan la igualdad de géneros.
  • Dos tercios de las personas más pobres del mundo son mujeres.
  • La participación de las mujeres en las legislaturas nacionales apenas alcanza el 22%
  • Cientos de mujeres mueren cada año a causa de la violencia doméstica.
  • La mayoría de las instituciones religiosas son incapaces de superar doctrinas que subordinan a la mujer al hombre justificando y provocando prejuicios y discrímenes.
  • La mayoría de las víctimas de trata humana son mujeres y más del 35% de las mujeres del mundo han sido víctima de violencia o abuso sexual

Y la lista no acaba.  Promover la igualdad de derechos de hombres y mujeres sigue siendo una agenda inconclusa que augura largos años de lucha contra las fuerzas que buscan detener las transformaciones sociales liberadoras.

Fuente: UNESCO

El contrato probatorio de trabajo y los despidos sin causa justa

Lcdo. Eugenio Martínez Rodríguez

3despidoUn contrato probatorio de trabajo es un documento que establece que a determinada persona se le está contratando para trabajar por un tiempo en específico, y no sin tiempo determinado. Su propósito principal es eximir al patrono de tener que cumplir con las disposiciones de la Ley de indemnización por despido sin justa causa[1], entiendase de poder dar por terminado el contrato de trabajo sin causa[2], y y sin tener que indeminizar al empleado por ello[3].

El art. 8 de la Ley de indemnización por despido sin justa causa, establece los requisitos para que una contratación sea válida como contrato probatorio, los cuales son:

  1. Que el contrato se realice por escrito;
  2. Que se haga constar la fecha en que el empleado comienza a trabajar y la fecha en que terminará el periodo probatorio;
  3. Que el periodo probatorio no exceda el término de 3 meses;
  4. que el contrato se firme antes de que el empleado comience a prestar servicios para el patron.

No obstante lo anterior, el periodo probatorio podrá extenderse hasta un máximo de 6 meses con permiso escrito del Secretario del Trabajo y Recursos Humano, y cuando los empleados estén unionados, la estipulación sobre dicha extensión podrá efectuarse por medio del convenio colectivo o acuerdo escrito entre la Unión y el patrono, sin necesidad de permiso especial del Secretario.

La ley clara y tanjantemente aclara que el incumplimiento de los anteriores requisitos hará del contrato probatorio uno ilegal y nulo, teniendo, en consecuencia, el empleado estatus de empleado sin tiempo determinado, lo cual lo hará acreedor de la indemización por despido sin causa. Por ejemplo, si empleado comienza a trabajar un lunes, y no es hasta el martes que firma el contrato probatorio de trabajo, dicho contrato será ilegal y nulo, y el empleado tendrá estatus de empleado sin tiempo determinado con derecho a indeminizacin en caso de ser despedido sin causa.

[1] Ley Núm. 80 de 30 de mayo de 1976, según enmendada

[2] La Ley establece como causa para despido lo siguiente:

(a) Que el obrero siga un patrón de conducta impropia o desordenada.

(b) La actitud del empleado de no rendir su trabajo en forma eficiente o de hacerlo tardía y negligentemente o en violación de las normas de calidad del producto que se produce o maneja por el establecimiento.

(c) Violación reiterada por el empleado de las reglas y reglamentos razonables establecidas para el funcionamiento del establecimiento siempre que copia escrita de los mismos se haya suministrado oportunamente al empleado.

(d) Cierre total, temporero o parcial de las operaciones del establecimiento.

Disponiéndose que en aquellos casos en que la empresa posea más de una oficina, fábrica, sucursal o planta, el cierre total, temporero o parcial de las operaciones de cualquiera de estos establecimientos, constituirá justa causa para el despido a tenor con este Artículo.

(e) Los cambios tecnológicos o de reorganización, así como los de estilo, diseño o naturaleza del producto que se produce o maneja por el establecimiento y los cambios en los servicios rendidos al público.

(f) Reducciones en empleo que se hacen necesarias debido a una reducción en el volumen de producción, ventas o ganancias, anticipadas o que prevalecen al ocurrir el despido.

[3] De despedirse a un empleao sin causa para ello, la ley establece que deberá pagarse la siguiente indemnización:

(a)    el sueldo correspondiente a dos meses por concepto de indemnización, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; el sueldo correspondiente a tres (3) meses si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; el sueldo correspondiente a seis (6) meses si el despido ocurre luego de los quince (15) años de servicio;

(b)  una indemnización progresiva adicional equivalente a una (1) semana por cada año de servicio, si el despido ocurre dentro de los primeros cinco (5) años de servicio; dos (2) semanas por cada año de servicio, si el despido ocurre luego de los cinco (5) años hasta los quince (15) años de servicio; tres (3) semanas por cada año de servicio, luego de haber completado quince (15) años o más de servicio.

 

Eugenio Martínez Rodríguez, 1913

Tomado de PopJuris

La lucha a favor de la pena de muerte en Carolina del Norte y la incertidumbre

Freedprisoners

Dos medio hermanos afroestadounidenses han sido exonerados de los cargos de violación y asesinato, después de pasar más de 30 años tras las rejas en Carolina del Norte.

En 1984, Henry Lee McCollum y León Castaño fueron declarados culpables de la violación y el asesinato de una niña de 11 años. No había evidencia física que los vinculara al crimen, pero la policía se basó en sus confesiones, que McCollum y Brown siempre denunciaron que fueron obtenidas bajo coacción.

En ese momento, la policía no procedió en la investigación sobre otro hombre, Roscoe Artis, que vivía cerca de la escena del crimen y había confesado su culpabilidad en un caso similar de violación y asesinato sucedido en la misma época.

El mes pasado, después de tres décadas, hubo un avance fundamental en el caso, cuando la Comisión de Investigación de Inocencia de Carolina del Norte encontró el ADN de Artis en la escena del crimen. El martes luego de una audiencia con la presentación de esta nueva evidencia, los dos hermanos fueron declarados inocentes y se ordenó su liberación.

Durante años, los partidarios de la pena de muerte han mencionado este caso para promover la implementación de la pena capital. En 2010, el partido republicano de Carolina del Norte utilizó la foto de la ficha policial de McCollum en sus afiches de campaña. En 1994, el juez de la Corte Suprema de Justicia Antonin Scalia señaló a McCollum como un ejemplo de lo justa que es la demanda de pena de muerte.

Suministrado por Democracy Now

Investigan propuesto centro comercial en Salinas : ¿Es un centro comercial o un motel?

COMUNICADO DE PRENSA

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Salinas, Puerto Rico – La Legislatura Municipal de Salinas aprobó iniciar una investigación sobre el propuesto Centro Comercial Vázquez, luego de que el Legislador Municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, presentara prueba sobre información contradictoria sometida por los proponentes del proyecto.

El 30 de enero de 2014, la Legislatura Municipal de Salinas aprobó una Resolución autorizando a la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón a “exonerar parcialmente al Sr. Pedro Vázquez Torres del pago de arbitrios de construcción en la construcción del Comercial Vázquez” en una de las entradas del pueblo de Salinas.Esta exoneración equivale a $60,000.00 en arbitrios que no recibirían las maltrechas arcas municipales. Según la Resolución, el proyecto propuesto contempla la construcción de un edificio con un área de 26,000 pies cuadrados, de los cuales se estarán construyendo 10,000 pies cuadrados en la primera fase.

Sin embargo, el Legislador Municipal del PIP presentó evidencia en la pasada Sesión Ordinaria de la Legislatura Municipal que contradice la información ofrecida por el desarrollador del proyecto. “Según un Memorial Explicativo sometido por los ingenieros del propuesto Comercial Vázquez, y que está en el expediente de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), el proponente dice que el proyecto de carácter comercial esta “compuesto por un edificio con un área de 5,000.00 pies cuadrados”. Esto contradice la información ofrecida a la Legislatura Municipal de que el área serían 26,000 pies cuadrados”, dijo Alvarado Guzmán.
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Según el Legislador municipal, hay más datos sobre el proyecto que no concuerda con la realidad. “El proponente dice en los documentos de OGPe que en el predio existen facilidades eléctricas y de agua potable, y eso no es cierto. Además, crea confusión porque hasta ahora la administración municipal nos ha informado que esto es un proyecto de espacios comerciales, sin embargo, el proponente dice que el propósito principal es ampliar un área de cabañas a un motel. ¿Cuál es la verdad? ¿Es un centro comercial o es un motel?. Me parece que aquí se está ocultando la verdad para algún propósito de permisos. De hecho, este proyecto había sido archivado por OGPe en el pasado”, comento el representante del PIP en la Legislatura Municipal de Salinas.

Alvarado Guzmán expresó su apoyo al desarrollo sostenible de su pueblo, pero dijo que la Legislatura Municipal no puede endosar proyectos basados en información falsa y medias verdades. “Por eso la Legislatura Municipal aprobó realizar esta investigación, aun con el único voto en contra de su presidente. Como Legisladores Municipales tenemos que buscar el bienestar de todas las comunidades que integran nuestro pueblo y es nuestro deber apoyar la verdad y los proyectos basados en la realidad, no con información incorrecta”, terminó diciendo el Legislador Municipal Víctor Alvarado.

Enviado por: Legislador Municipal Víctor Alvarado Guzmán