Las cenizas de carbón: un problema ambiental peligroso para la salud

JCA espera que otros tomen decisiones

Salinas, Puerto Rico – Representantes de organizaciones ambientales de Peñuelas, Salinas, Guayama y Humacao llevaron a cabo una manifestación frente a la Junta de Calidad Ambiental (JCA) reclamando acción ante el daño ambiental y a la salud por el depósito de las tóxicas cenizas de carbón producidas por la carbonera Applied Energy Systems (AES) ubicada en Guayama.

Comparecimos a las oficinas de la JCA para presentar nuestros reclamos de acción inmediata ante la ineficacia por los atropellos ambientales de la carbonera AES, por el uso de las cenizas producto de la quema de carbón como relleno en proyectos de construcción y en terrenos sobre acuífero del Sur, en ríos y áreas ecológicamente sensitivas, y la disposición ilegal en los vertederos de Peñuelas y Humacao”, dijo Yvette González Cuascut, miembro del Comité Pro Salud, Desarrollo y Ambiente de Tallaboa, Inc.

Uno de los temas más discutidos durante una reunión con el presidente de la JCA fue el tipo de prueba que se le hacen a las cenizas de carbón, conocidas como Agremax, para determinar su toxicidad. “Primero, es inaudito que se le permita a la propia carbonera AES a colectar las muestras. Eso es como poner al cabro a velar las lechugas. Además, las pruebas que se le hacen a estas cenizas, la Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) y Synthetic Precipitation Leaching Procedure (SPLP), están desprestigiadas, ya que las mismas no arrojan la verdadera toxicidad. Hasta la propia agencia federal ambiental (EPA) le ha dicho a la JCA en reiteradas ocasiones que esas pruebas no sirven y que deben usar la prueba Leaching Environmental Assessment Framework (LEAF), para demostrar la verdadera toxicidad de las mismas. La posición colonialista de la JCA es que hay que esperar a que la EPA, en algún momento de la historia, tome una decisión oficial para entonces ellos cambiar su reglamento. Ni siquiera están dispuestos a enviar una carta a la EPA para unirse al reclamo que hay de la comunidad científica y comunitaria en E.E.U.U de que haya un cambio en las pruebas a las cenizas de carbón”, manifestó Timmy Boyle, líder de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste (ACASE).

Los representantes de las organizaciones también exigieron que a las cenizas de carbón se le hagan pruebas de radioactividad. En el 2010, una prueba independiente realizada a cenizas de carbón de la AES, utilizadas como relleno en la Urb. Parque Gabriela de Salinas, demostró un alto contenido de metales pesados y radioactividad hasta 3 veces lo permitido por la EPA (TestAmerica Analytical Report, Job Number: 680-60518-1). Además, la Universidad de Duke realizó otro estudio en el 2015, “Naturally Occurring Radioactive Material in Coal and Coal Combsution Residuals in the United States”, que establece que la radioactividad encontrada en las cenizas puede tener hasta diez veces más de lo aceptable.

Por otro lado, Víctor Alvarado Guzmán, portavoz del Comité Diálogo Ambiental, reseñó la resistencia de la JCA en reconocer la validez de las Ordenanzas Municipales aprobadas por más de 40 municipios en Puerto Rico. “Las Ordenanzas Municipales aprobadas han sido avaladas en distintos foros judiciales, reconocidas por la propia EPA y en su momento, hasta la AES se vio obligada a cumplir la ley de sacar las cenizas fuera de Puerto Rico debido a las prohibiciones municipales. Sin embargo, la JCA le abrió las puertas de los vertederos, causando estragos en las comunidades cercanas a los vertederos de Humacao y Peñuelas. Es cierto que eliminar el uso de las cenizas en rellenos de urbanizaciones, caminos y centros comerciales, después de años de lucha y de una “avalancha de querellas”, como expresó el presidente de la JCA, fue un paso en la dirección correcta. Pero, las consecuencias ambientales y en la salud de las personas por ese uso y el actual depósito en los vertederos, podría ser más grande que el problema del asbesto. Si el depósito en los vertederos de Peñuelas y Humacao son ilegales, debido a que las compañías de basura y la AES no pidieron los permisos necesarios, que se saquen las cenizas depositadas ilegalmente, se detenga inmediatamente los camiones que siguen depositando y se proceda con las multas. No se debe conceder ni un permiso más a ningún vertedero”, expresó Alvarado Guzmán.

Por último, los líderes ambientales criticaron la pasividad de la JCA, esperando a que otras agencias federales y tribunales decidan por ellos. “Aquí se esperó 12 años para determinar que las cenizas de carbón o Agremax no eran ningún agregado y sí un desperdicio. No podemos esperar 12 años más para que las cenizas de carbón sean clasificadas como peligrosas y tóxicas. De aquí a allá habrá muerto mucha gente. La JCA tiene la obligación ministerial y moral de actuar inmediatamente. Fuimos bien claros de que las comunidades están cansadas de la inacción y negligencia de parte de la agencia. Si no atienden los reclamos en favor del ambiente y la salud de las comunidades que nuestras organizaciones representan, y si la agencia no ejerce el propósito por la cual fue creada, no nos deja más alternativas que denunciar esta situación al país y hacer valer nuestro derecho a la autodefensa. La carbonera AES es un gran problema y no es necesaria”, terminó diciendo Diego Ledeé Bazán, líder del Frente Afirmación del Sureste (FASE).

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