El referendum sobre la fianza pretende ocultar la incapacidad del gobierno para atajar el crimen

Lea con atención esta columna publicada en el Nuevo Día. Examinen los datos estadísticos sobre el crimen en Puerto Rico y el derecho a la fianza. Pregúntese: si el derecho a la fianza nada tiene que ver con la incidencia criminal, ¿por qué se insiste en relacionar una cosa con la otra? ¿Cuál es el motivo tras esta patraña contra derechos fundamentales de los ciudadanos frente a los abusos y errores del Estado? Entregar derechos civiles ciertamente es una ignorancia que cuesta caro. Por eso, el llamado a disipar las tinieblas que siembran los políticos entre la gente, contra la gente misma, es urgente. La democracia siempre está asediada por la intimidación, la manipulación y la represión, por eso no se pueden entregar los derechos de los ciudadanos que son los frenos contra el autoritarismo y los abusos del estado.

**

17 julio 2012

La fianza y las tinieblas

CÉSAR LÓPEZ CINTRÓN


“A los ignorantes enseñadles lo más que podáis, la sociedad es culpable por no dar instrucción gratis, es responsable de la oscuridad que con esto produce. Si un alma sumida en las tinieblas comete un pecado, el culpable no es en realidad el que peca, sino el que no disipa las tinieblas”. (Victor Hugo/ “Los miserables”. Libro primero)

No es coincidencia que la ignorancia y los responsables de ésta se mencionen en un libro titulado “Los miserables”. Tampoco lo es que la ignorancia continúe siendo ingrediente principal de la miseria.

Por décadas he atestiguado lo que ocurre en los más claros y más oscuros pasillos de las estructuras locales de Justicia estando al lado de acusados y víctimas, y no seré indiferente a la responsabilidad que esto me impone. En esos años he evaluado crímenes de todo tipo, muchos desde la silla del fiscal. Conozco bien el poder monumental del Estado y sus recursos. Desde ahí se pueden ver, pero también disipar, las tinieblas.

En pocos días decidiremos si renunciamos o no a una parte importante de un derecho fundamental. El llamado derecho “absoluto” a la fianza dejó de ser absoluto hace mucho, puesto que está supeditado, ahora más que antes, a la discreción de los jueces. Cabe destacar que la fianza está intrínsecamente ligada al derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. Es obligación del Estado orientar al pueblo para que tome una decisión informada, no aquélla que ellos promueven. Intentos como éste, antes y ahora, revelan la incapacidad de la maquinaria de justicia criminal de cumplir con el cometido de controlar y castigar el crimen. Para ello, no tenemos que renunciar a ningún derecho.

Cuando por falta de voluntad quedan desatendidas las raíces de la criminalidad, el Estado toma la vía fácil: pedir que renunciemos a derechos constitucionales. Los políticos, de antes y de ahora, saben bien que no hay relación alguna entre criminalidad y fianza. Saben también que la limitación de esta no bajará la incidencia criminal, porque son otras y más profundas las raíces del crimen y el caldo que lo cultiva.

Aquí sólo el 20% de los delitos son esclarecidos. Así, quien delinque tiene un 80% de probabilidades de nunca ser atrapado. A esto sumamos la falta de adiestramiento y mejores salarios a los policías, la desconfianza ciudadana del sistema y la alta politización del Departamento de Justicia, etc. Ninguna tiene nada que ver con este derecho constitucional.

La fianza pretende garantizar la comparecencia del imputado. No es, ni puede ser, un castigo. Y en eso se convertirá la denegatoria de la fianza. El resultado colateral: la eliminación de la presunción constitucional de inocencia. Se presumiría culpable aquél al que se le niegue la fianza y, peor aún, recibiría su castigo antes del juicio. Se crearían, además, dos categorías impermisibles de imputados: los que se presumen inocentes y tendrían fianza, y los que se presumen culpables y se les niega.

El Estado no ha podido, ni podrá, evidenciar una correlación entre la fianza y control del crimen, porque no existe. La Sociedad para Asistencia Legal representa más del 60% de los acusados de delito grave y tiene las únicas estadísticas disponibles. De cien casos de asesinato en un año sobresale que (1) la fianza promedio fue $725,000; (2) no existe riesgo de fuga; (3) no existe problema de incomparecencia; (4) el 90% estuvo preso sin prestar la fianza.

Ninguno fue imputado de otro delito estando bajo fianza por asesinato.

Ningún alegato del Estado para que renunciemos a este derecho está sustentado con data, mientras los argumentos en contra están altamente documentados.

Es absolutamente falso que no existan parámetros para imponer fianzas. La Regla 218 de Procedimiento Criminal establece más de seis criterios a tomarse en cuenta. La ley también enumera otras condiciones que pueden imponérsele al imputado, además de la fianza, para garantizar su comparecencia. A diario los jueces ejercen estos criterios.

Entonces, ¿por qué el Estado insiste en la enmienda? Así camufla con tinieblas su incapacidad para atajar la criminalidad. Es más fácil decir “a esos criminales no les den fianza”. ¡Qué lástima! Esa ignorancia trae estas tinieblas. Otros dieron su vida por los derechos que disfrutamos, hagamos que haya valido la pena. Por ellos y los hijos del futuro, yo votaré que no.

About these ads

Deja un comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s